En un fallo publicado el 5 de agosto de 2014 la Corte Suprema de Justicia de Argentina dejó sin efecto una sentencia a favor de un pariente de Luis H. Irigoyen, diplomático destinado a la embajada argentina en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial. Este pariente había demandado a la Fundación Wallenberg después de que ésta difundiera trabajos académicos y periodísticos sobre Irigoyen y el papel que desempeñó en relación a judíos argentinos perseguidos por los nazis.

Con el patrocinio de los doctores Israel Imar, Paul Warszawski, Carlos Raúl Sánchez y Gustavo A. Bossert, la Fundación Wallenberg recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que con el voto unánime de los cinco ministros que se hallaban presentes, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Eugenio Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda, hizo lugar al recurso extraordinario y dejó sin efecto el fallo.

Asimismo, en un voto concurrente, el ministro Zaffaroni señaló que no existía prueba alguna del agravio moral que el demandante Irigoyen dijo haber sufrido por las críticas a su abuelo y que la mera invocación del honor de la familia en casos de parentesco más lejano que la relación paterno filial o fraterna, no puede ser suficiente para acreditar el daño moral … de lo contrario el revisionismo histórico pasaría a ser materia justiciable con la consiguiente limitación a la libertad de investigación histórica.

El expediente se tramitó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 21 a cargo de la doctora María Eugenia Giraudy. La sentencia de primera Instancia fue pronunciada el día 8 de abril de 2010 y condenó a la fundación a pagar al actor $ 50.000 pesos, más intereses, más la publicación de un resumen de la sentencia en los diarios Clarín y La Nación. Con las costas del juicio.

Interpuestos sendos recursos de apelación, el expediente fue elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala «J», que con el voto de sus integrantes, doctoras Beatriz A. Verón y Marta del Rosario Mattera, confirmó la sentencia, con costas, el 17 de mayo de 2011.

La Fundación Wallenberg interpuso un recurso extraordinario que le fue denegado por la misma Sala "J" de la Cámara Civil, lo que motivó que recurriera en queja ante la Corte Suprema de la Nación por la denegatoria del recurso, el 18 de octubre de 2011.

El alto tribunal se interesó inmediatamente en el asunto y lo giró a la Procuración General, que por intermedio de la procuradora fiscal subrogante ante la Corte, doctora M. Alejandra Cordone Rosello, produjo un dictamen favorable al recurso de la demandada.

La sentencia definitiva del alto tribunal tiene un valor muy apreciable, pues no solamente hizo lugar a la queja y declaró procedente el recurso extraordinario, sino que dictó el pronunciamiento de fondo que a su juicio correspondía en la materia, revocando la sentencia de la instancia anterior y rechazando la demanda en todas sus partes. Reafirmó así su autoridad y su doctrina sobre la libertad de expresión, que estaba comprometida en el caso y a la que las Juezas de la instancia anterior no habían prestado atención.

Este asunto tiene su origen en dos hechos anteriores en los que la Fundación Wallenberg estuvo involucrada.

Uno de ellos fue la «Circular N°11», orden «estrictamente confidencial» firmada en 1938 por el entonces ministro de relaciones exteriores de Argentina, José María Cantilo. La Circular 11 instruía a todas las embajadas y consulados argentinos a negar el otorgamiento de visas a «indeseables o a personas que hubieses sido expulsadas de sus países», en clara referencia a los judíos, entre otros perseguidos. La circular, el equivalente de una sentencia de muerte, fue revocada en una ceremonia oficial llevada a cabo en la Casa de Gobierno, en Buenos Aires, el 9 de junio de 2005. La ceremonia fue encabezada por el presidente Néstor Kirchner y su ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa.

Unos días antes el ministro Bielsa había ordenado retirar una placa colocada dentro de la cancillería argentina. La placa rendía homenaje a doce diplomáticos argentinos que supuestamente habían sido solidarios con los judíos perseguidos en Europa durante la segunda guerra mundial.

La placa había sido colocada en 2001 por el ministro de relaciones exteriores, Adalberto Rodríguez Giavarini, en un acto al que asistieron representantes de la embajada de Israel, así como de las principales organizaciones judías de Argentina. La lista de los nombres incluidos en la placa fue provista por la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en Argentina (CEANA), una oficina de controvertido desempeño, creada en 1997 por el presidente Carlos Menem.

Durante el acto en la cancillería argentina, el embajador de Israel, Binyamín Orón, señaló, como evocación de los funcionarios homenajeados, que «hay momentos de nuestras carreras en que no necesariamente se produce una concordancia entre nuestras funciones como profesionales y nuestras convicciones y creencias como individuos, como seres humanos. Supongo que cada uno de nosotros tuvo que enfrentar rostros, en circunstancias complejas de su carrera. Esos son los momentos en los cuales tiene que decidir si se escuda bajo órdenes explícitas o implícitas o interpretaciones de ellas o si, en cambio, asumirá sus responsabilidades».

A su vez, el presidente del Congreso Judío Latinoamericano, Manuel Tenembaum, remarcó que la ceremonia realizada en la cancillería «tiene un sentido pedagógico y de mensaje» ya que al recordar «las figuras de personas como los funcionarios que honramos esta noche, estamos diciendo que queremos en este principio de siglo y milenio un mundo distinto».

Por su parte, el presidente de B´Nai B´Rith Latinoamericana, Samuel Kaplan, le expresó al canciller su «reconocimiento y agradecimiento por haber implementado los recursos necesarios, humanos y materiales, para que la segunda etapa de la CEANA sea una realidad» tras lo cual abogó por la «creación  de una sociedad que aprenda y entienda la existencia de diferencias y de diferentes y comprenda que deben ser definitivamente erradicadas la discriminación y la xenofobia».

Para la organización del homenaje, la cancillería contó con la colaboración de la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en Argentina (CEANA), la labor de investigación de miembros del cuerpo diplomático argentino, y los aportes de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Desde entonces la Fundación Wallenberg expresó su oposición inequívoca a este homenaje, afirmando que no sólo no había pruebas de que los diplomáticos homenajeados hubieran ido más allá de sus obligaciones, sino que, en otros casos, por ejemplo, Irigoyen, habían hecho todo lo contrario, de acuerdo a lo expuesto por el profesor Haim Avni en su libro «Argentina y los judíos. Una historia de la inmigración judía».

Lea el fallo completo en:

http://www.raoulwallenberg.net/es/novedades/ejemplar-fallo-de-la-corte-suprema-de-justicia-a-favor-de-la-libertad-de-expresion-aun-la-critica-mas-rispida-tiene-proteccion-constitucional/

Fuentes:

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina

Poder Judicial de la Nación Argentina

Fundación Raoul Wallenberg

Diario Clarín

Diario La Nación

Haim Avni: «Argentina y los judíos. Una historia de la inmigración judía».