El fiscal argentino Alberto Nisman que acusó la semana pasada a la presidenta Cristina Fernández y al canciller Héctor Timerman de organizar un plan para encubrir a los acusados iraníes de un ataque contra la AMIA fue hallado muerto en su hogar.

Nisman, que investigó durante más de una década el caso del atentado contra la AMIA, ocurrido en Buenos Aires en 1994 y que dejó 85 muertos, debía presentar los detalles de su denuncia en una reunión privada con diputados en la tarde del lunes en el Congreso.

El cuerpo de Nisman fue encontrado, sin vida y con al menos un disparo, en el baño de su departamento en el lujoso barrio de Puerto Madero, en la capital argentina.

«El doctor Nisman falleció. Estamos investigando la causa de la muerte. En los próximos días determinaremos la causa de la muerte con la autopsia», señaló la fiscal Viviana Fein, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción.

«Encontramos una arma», detalló Fein, que estará a cargo de investigar el hecho, y dijo que no había señales de que la puerta del apartamento de Nisman estuviera forzada.

«Pido seriedad, pido cautela», añadió. En un comunicado emitido en la madrugada del lunes, el Ministerio de Seguridad dijo que la puerta del departamento estaba cerrada con llave desde el interior y que Nisman no atendía el teléfono desde la tarde del domingo.

«Junto al cuerpo de Nisman, que se hallaba en el suelo, se encontró un arma de fuego calibre 22, además de un casquillo de bala», señaló el ministerio, que agregó que el fiscal tenía una custodia personal de 10 oficiales de la Policía Federal.

Las cámaras en vivo de canales de noticias mostraron un amplio operativo policial en la madrugada del lunes al frente del edificio donde vivía el fiscal. La denuncia de Nisman se basa en parte en una larga serie de escuchas telefónicas de ciudadanos iraníes, personal de inteligencia de Argentina, dirigentes políticos locales y un ex fiscal, Héctor Yrimia.

El Gobierno había calificado la denuncia de «ridícula» y el juez a cargo del caso AMIA había cuestionado el trabajo de Nisman. El ministro Timerman, acusado de formar parte de la conspiración, leyó la semana pasada una carta del ex director general de Interpol, Ronald Noble, quien negó que funcionarios argentinos hayan buscado remover los pedidos de captura internacionales que pesan sobre cinco iraníes acusados del atentado, como afirmaba Nisman. «Puedo salir muerto de esto», había dicho el fiscal en una entrevista publicada la semana pasada por el diario argentino «Clarín» luego de que presentó su denuncia.

Nisman había dicho que en las escuchas telefónicas - que entre otros incluyen a Mohsen Rabbani, un ex funcionario iraní en Argentina que tiene pedido de captura por el atentado - se puede oír a personal de inteligencia revelando y anticipando detalles de la causa y hablando en detalle sobre su persona. La diputada Patricia Bullrich, que se hizo presente en el edificio de Nisman, dijo al canal de noticias TN que en la mañana del lunes habrá una reunión de legisladores argentinos para analizar la situación.

En el caso, según el fiscal, el Gobierno había buscado «desincriminar» a los acusados iraníes del ataque con el objetivo de restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre Argentina e Irán.

La voladura de la AMIA en el centro de Buenos Aires conmovió profundamente al país en 1994. Dos años antes, otra bomba había destruido la embajada de Israel en la capital de Argentina.

La Justicia argentina acusó por el atentado a varios ciudadanos iraníes, entre ellos un ex ministro de Defensa, pero Irán rechazó esos cargos. En 2013, Argentina e Irán firmaron un memorando de entendimiento con la expectativa de avanzar en la investigación del ataque e interrogar a los sospechosos, luego de que la causa estuviera paralizada durante años por la negativa de Teherán de extraditar a los acusados.

El acuerdo nunca entró en vigencia ya que requería un visto bueno del Parlamento iraní que jamás obtuvo y también fue cuestionado el año pasado por una corte argentina que consideró que era inconstitucional, un fallo que luego fue apelado por el Gobierno de Cristina Kirchner.

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