1.388 días después de su caída, el ex presidente egipcio, Hosni Mubarak fue declarado inocente por su complicidad en la muerte de manifestantes durante las revueltas que lo derrocaron en 2011.
El tribunal que lo juzga junto a sus hijos, Alaa y Gamal, y al ex ministro del Interior, Habib al-Adli, dictó este sábado sentencia a un proceso cuyo primer veredicto fue anulado y cuya búsqueda de pruebas se encontró siempre con la resistencia de las autoridades.
Poco después, la fiscalía general egipcia anunció que recurrirá la absolución de Mubarak y de Al Adli por el cargo de asesinato premeditado de manifestantes.
Justo cuando se expuso el veredicto de absolución, la sala estalló en aplausos. Mubarak y sus hijos fueron además exonerados de los cargos de corrupción y enriquecimiento ilícito por permitir la venta y exportación de gas a Israel por debajo del precio del mercado tras haber prescrito los delitos.
El magistrado absolvió también a Al Adli y a otros cuatro funcionarios, acusados de dar la orden de abrir fuego contra los manifestantes.
En una llamada a un programa de televisión, Mubarak celebró el fallo: «No cometí ningún crimen. Confiaba en Alá y en mi inocencia. Nunca di orden de disparar a los manifestantes», insistió el ex presidente en declaraciones al canal privado Sada al-Balad, propiedad de un empresario vinculado con él.
Por su parte, las fuerzas de seguridad cerraron la céntrica Plaza Tahrir de El Cairo tras la publicación de la sentencia.
El fallo fue aplazado el pasado 27 de septiembre, después de que el presidente del tribunal, Mahmud Kamel el Rashidi, argumentara que necesitaba tiempo para revisar los 160.000 folios de la causa y escribir unas 1.430 hojas detallando las razones de su veredicto.
Según el magistrado, 239 personas murieron en la represión. Sin embargo, datos más fidedignos aseguran que durante los 18 días de revueltas, alrededor de 850 egipcios perdieron la vida.
La sentencia, precedida por una larga declaración del juez, acabó con la imagen de Mubarak y sus vástagos abrazados. El ex líder egipcio de 86 años, que gobernó Egipto durante cerca de tres décadas, fue condenado en 2012 a cadena perpetua por los mismos cargos. Una corte de apelación anuló en enero de 2013 el veredicto ante la levedad de las pesquisas. Nunca se pudo probar su responsabilidad directa en la orden de abrir fuego a los manifestantes, pero se le culpó de complicidad en los hechos junto a Al Adli.
El ajuste de cuentas contra Mubarak comenzó tarde, dos meses después de su retiro en 2011 hacia la ciudad costera de Sharm el Sheij, forzado por la presión popular. Desde entonces, el proceso estuvo lastrado por la falta de colaboración - incluida la destrucción de pruebas - del aparato policial y la inteligencia y la más que discutible acción del ministerio público.
«No fue conveniente haber llevado ante un tribunal a Mubarak por participar en la muerte de manifestantes», reconoció este sábado el presidente del tribunal.
Sin la expectación que suscitó el primer juicio y la histórica imagen del ex mandatario postrado en una camilla, una pequeña representación de nostálgicos de Mubarak y familiares de los asesinados durante el levantamiento de 2011 se reunieron en los alrededores de la academia de policía donde se celebró el proceso, a las afueras de El Cairo, blindado por unos 5.000 agentes.
Mubarak fue trasladado al tribunal en helicóptero desde el hospital militar del barrio cairota de Maadi donde cumple una sentencia por corrupción. En agosto defendió sus 30 años de gobierno frente a los magistrados en un discurso de 30 minutos transmitido por la televisión egipcia. «Nunca ordené el asesinato de manifestantes y el derramamiento de sangre egipcia tras dedicar mi vida defendiendo este país y su gente», declaró ante los magistrados.
No es el único caso que Mubarak tiene con la justicia. En mayo un tribunal le condenó a tres años de cárcel por malversar fondos públicos para construir o renovar sus palacios. Sus hijos Alaa y Gamal recibieron cuatro años de prisión. El ex mandatario fue acusado junto a sus vástagos y cuatro colaboradores de destinar unos 19 millones de dólares de las arcas públicas a la construcción y renovación de sus lujosas residencias. El actual primer ministro, Ibrahim Mehleb, era el responsable de la constructora encargada de las obras.
La corte impuso a padre e hijos una multa de 32 millones de dólares y la devolución del dinero robado.
Casi cuatro años después de las protestas masivas que acabaron con Mubaral, la mayoría de los policías implicados en la repression evitaron la cárcel. El dramático curso de los acontecimientos convirtió a los Hermanos Musulmanes en el blanco de la persecución judicial. La propaganda inoculó indujo la idea entre la población de que los islamistas fueron los artífices de los 18 días de revueltas.
La sentencia exculpatoria coincide con el regreso a escena de políticos vinculados con el disuelto Partido Nacional Democrático, la formación de Mubarak, tras el golpe de Estado que desalojó del poder a los Hermanos Musulmanes y llevó a la presidencia al ex comandante en jefe de las fuerzas armadas, Abdel Fatah al-Sisi. Los hombres de Mubarak, con una poderosa red de lealtades locales, se preparan para concurrir en las elecciones parlamentarias que deberían celebrarse durante el primer trimestre de 2015.
El enemigo de Mubarak - los Hermanos Musulmanes, que vencieron en todos los comicios celebrados tras se derrocamiento - fueron declarado grupo terrorista y sus líderes afrontan cargos por incitación a la violencia o espionaje.
Desde el golpe de Estado de julio de 2013, más de 3.000 personas murieron y 41.000 fueron encarceladas.
Al Sisi, a quien Mubarak respaldó durante las elecciones presidenciales del pasado mayo, aplicó mano dura contra cualquier disidencia.
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