Durante años, las discusiones de política exterior se han centrado en la cuestión de si el Islam es compatible con la democracia. Pero eso se está volviendo cada vez más una cosa del pasado. En Túnez y Egipto, los islamistas, quienes fueron considerados por mucho tiempo como opositores al sistema democrático, aparecen en la actualidad como sus firmes impulsores, participando activamente de él. Incluso los ultraortodoxos salafistas cuentan ahora con diputados en el Parlamento egipcio, gracias a los votos que, hasta no hace mucho, ellos mismos denunciaban como herejía.

Para aquellos a quienes preocupa mucho el extremismo en Oriente Medio, esa es una buena noticia. Fue la exclusión y la represión de los islamistas, ejercidas por tiranos seculares, lo que originalmente alimentó el extremismo. Ayman al-Zawahri, principal ideólogo de Al Qaeda, fue un veterano de las cámaras de tortura de Hosni Mubarak.

Los islamistas sólo serán más moderados cuando no tengan que padecer la opresión, y más pragmáticos cuando tengan que enfrentar la responsabilidad de gobernar.

Pero existe otro motivo de preocupación: ¿Qué pasaría si los partidos islamistas electos decidieran imponer leyes que limiten las libertades individuales - como prohibir el alcohol o la ejecución de los conversos -, todo ello con el apoyo popular? ¿Qué tal si la democracia no se pone al servicio de la libertad?

Rara vez se oye esta pregunta en Occidente, donde la democracia es vista a menudo como sinónimo de liberalismo. Sin embargo, tal como Fareed Zakaria advirtió en su libro «The Future of Freedom» («El Futuro de la Libertad»), también existen democracias autoritarias, donde el poder de la mayoría escapa al control del liberalismo constitucional, y donde los derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos no están asegurados. Tal es el riesgo que corren los países de la post-Primavera Árabe, e incluso la Turquía post-kemalista. Por ende, el debate real es si el Islam es compatible con el liberalismo.

El principal punto de desacuerdo es si los preceptos islámicos constituyen categorías jurídicas o morales. Cuando los musulmanes afirman que el Islam ordena las oraciones diarias o que prohíbe el alcohol, ¿se refieren a obligaciones públicas cuyo cumplimiento debe ser asegurado por el Estado, o a obligaciones de carácter personal que habrán de ser juzgadas por Dios?

Para quienes están convencidos de lo primero, Arabia Saudita podría verse como el Estado ideal. Su policía religiosa se encarga de asegurar que todo ciudadano saudí observe cada norma considerada islámica: las mujeres son obligadas a cubrirse; los hombres están obligados a frecuentar la mezquita, y todos tienen prohibido realizar cualquier acción que sea considerada pecaminosa. No obstante, los miembros de la elite saudita también son famosos por sus viajes al extranjero, donde suelen dilapidar fortunas en salvajes night-clubs para cometer los pecados que no pueden cometer en casa. Y aunque ese sea su derecho civil, se plantea la cuestión de si la intensa piedad de Arabia Saudita no es solamente una hipocresía.

Por el contrario, en lugar de imponer las prácticas islámicas, la ultrasecular República de Turquía las ha desalentado agresivamente desde hace décadas, llegando a prohibir directamente el uso del chador. Sin embargo, la sociedad turca se ha mantenido resueltamente religiosa, gracias a la familia, la tradición, la comunidad y los líderes religiosos. De ahí que en la actual Turquía, donde se tiene la libertad de elegir entre el bar y la mezquita, muchos opten por esta última, basándose en su propia conciencia, no en los mandatos del Estado.

Pero incluso en Turquía, donde la democracia está consolidándose rápidamente bajo el Partido de la Justicia y el Desarrollo del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, conocido como A.K.P., hay razones para preocuparse ante la posible emergencia de una democracia autoritaria. Turquía sigue adoleciendo de un nacionalismo paranoico que aborrece los derechos de las minorías; de un sistema judicial de mano dura diseñado para proteger al Estado más que a sus ciudadanos, y de una cultura política basada en la intolerancia, que considera cualquier crítica como un ataque y las ideas provocadoras como criminales.

No obstante, tales obstáculos a la democracia liberal no están relacionados con la religión; son el legado de años de política secular autoritaria. Pero el A.K.P., que ha estado en el poder durante casi una década y ha introducido importantes reformas liberales, últimamente ha dejado languidecer a su progresismo. El partido ha terminado absorbiendo algo de aquel tradicional autoritarismo del establishment de Ánkara, la capital, que ahora domina plenamente. No ha sido demasiado islámico; está probando ser demasiado turco.

Mientras el gobierno del A.K.P. se dedica a fortalecer a la mayoría religiosa conservadora de Turquía, es imperativo que la nueva élite liberalice el sistema político, en lugar de usarlo simplemente en su propio beneficio. Y a medida que surgen nuevas preguntas sobre la religión y la vida pública - ¿Deberían las escuelas promover el Islam? ¿Debería restringirse la venta de bebidas alcohólicas? ¿Debe el Estado instruir a los canales privados de televisión en la defensa de los «valores morales»? - el gobierno debe proteger las libertades civiles, incluida la «libertad de pecar», y constreñir a aquellos que pretenden utilizar el poder estatal para imponer sus valores a los demás.

Si Turquía tiene éxito con ese experimento liberal, y logra redactar consecuentemente su nueva constitución en ciernes, puede resultar un ejemplo prometedor para los gobiernos islamistas de Túnez, Egipto y otros lugares. Todos esos países necesitan desesperadamente no sólo democracia procedimental, sino también liberalismo.

Y hay también una razón fundamental islámica para ello: la religiosidad impuesta conduce a la hipocresía. Quienes esperan fomentar una religiosidad genuina deben ocuparse primero de establecer la libertad.

Fuente: The New York Times - 17.5.12
Traducción: www.israelenlinea.com