Ciudadanos israelíes, defensores de derechos de los inmigrantes acusaron al gobierno de Binyamín Netanyahu de prácticas racistas y discriminatorias por lanzar una cacería de indocumentados africanos y repatriar a los primeros sursudaneses en las últimas horas.

La Organización de Ayuda para Refugiados y Buscadores de Asilo en Israel, Assaf, trató de que la ONU se involucrara para detener la expulsión de los ilegales, básicamente sursudaneses y eritreos cuyos derechos esenciales fueron violados, afirmó una portavoz.

Orit Rubin, miembro de Assaf, señaló que el calvario de los indocumentados subsaharianos demuestra que «Israel es el salvaje oeste donde nadie sabe que está ocurriendo y nadie conoce sus derechos».

Rubin alertó que la actual situación de persecución, captura, confinamiento en centros de detención y deportación forzosa de indocumentados confirma que los africanos carecen de futuro en una sociedad como la israelí, «cada vez más hostil hacia ellos», acotó.

«Sin obtener derechos en Israel, sin políticas apropiadas y con una población local que es más y más temerosa de los africanos sólo por el hecho de que son africanos, y con toda la incitación gubernamental a rechazarlos, la situación aquí es muy mala», sentenció Rubin.

Las autoridades de Jerusalén embarcaron a 123 sursudaneses con dirección a Juba, la capital de su recién creado país, y Netanyahu advirtió que «esto es apenas el comienzo».

La repatriación siguió a una semana de arrestos en distintos puntos del territorio, de donde fueron trasladados a centros de detención y luego a abordar el avión de retorno, como anunció el ministro israelí de Interior, Eli Yishai, líder del partido ultraortodoxo Shas.

Yishai alegó que la identidad judía y demográfica de Israel estaba amenazada por la presencia de más de 60 mil africanos, sobre todo sudaneses y eritreos. El ministro anunció que la próxima semana habrá otro vuelo a Juba.

Tras las detenciones de los inmigrantes ilegales, se les propuso firmar un documento de conformidad con la deportación, relataron algunos de ellos que, pese al malestar, declararon cierto alivio por dejar un lugar donde se incentiva el odio y el rechazo.

Según varios afectados, fueron aconsejados a elegir entre irse con una oferta del gobierno de 1.300 dólares o ser encarcelados antes de terminar siendo repatriados.

Muchos indocumentados criticaron la medida y relataron las desgracias sufridas durante meses para desplazarse hasta Israel, sorteando conflictos armados en sus países, la vigilancia policial y militar de Egipto, y finalmente la peligrosa frontera de la peninsula del Sinaí.

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