El Parlamento israelí (Knéset) aprobó una ley que otorga a partir de ahora a los guardias de seguridad el empleo de «fuerza razonable» para impedir el acceso a edificios y locales a personas con una gran probabilidad de que puedan protagonizar actos violentos.

La legislación, aprobada en segunda y tercera lecturas en el Parlamento, despertó el rechazo de organizaciones defensoras de derechos civiles que adujeron que podría favorecer la violación de los derechos individuales y suponer una privatización de la fuerza policial, informó el diario «Haaretz».

El objetivo de la norma es impedir que se registren sucesos violentos como apuñalamientos en bares y clubes nocturnos.

En virtud de la misma, los guardias de seguridad tendrán el derecho de operar dentro de los edificios, en vez de sólo en sus accesos como hasta la fecha, y poder pedir documentos de identidad.

También se les autoriza a detener a sospechosos hasta que llegue la policía.

La legislación fue rechazada por la Oficina del Defensor del Pueblo y la Asociación de Derechos Civiles en Israel, que advirtieron de que podría infringir los derechos civiles, representar una privatización de facto de la labor policial para la que no cuentan con la preparación ni los instrumentos adecuados.

Entre las críticas, se teme que los guardias puedan ampliar sus poderes para discriminar a minorías o a cualquier persona que pueda parecer diferente.

«Se trata de una violación de todas las normas y una evasión extrema de la responsabilidad del Estado mientras se causa serio perjuicio a los derechos civiles y concede una responsabilidad seria a los guardias de seguridad para algo en lo que no fueron entrenados», dijo el diputado Dov Hanín, del partido Hadash.

La comisión de interior del Parlamento, que elaboró el proyecto, argumentó en sus notas explicativas que hasta que la policía llega al lugar de los hechos, en ocasiones resulta demasiado tarde para las víctimas de violencia.

«La ley amplía dramática y significativamente los extensos poderes con los que ya cuentan los guardias de seguridad. Se caracteriza por directrices amorfas y generales, y no incluye excepciones para impedir que sea empleada de forma perniciosa», adujo Yishai Sharón, abogado de la Oficina del Defensor del Pueblo.