El ministro del Interior israelí, Eli Yishai, envió una carta al primer ministro hebreo, Binyamín Netanyahu, y al ministro de Justicia, Yaakov Neemán, en la que los exhortó a ordenar el encarcelamiento de los inmigrantes ilegales sudaneses que viven en Israel.

La petición de Yishai se produce después del anuncio de la semana pasada de la Fiscalía del Estado de rechazo al anuncio previo de Yishai sobre posiblesl encarcelamiento.

La oficina del Fiscal General de Israel dijo que el anuncio de agosto de Yishai, en el que indicó que Israel encarcelaría a 15.000 solicitantes de asilo a partir del 15 de octubre, no es apoyado por ningún fallo gubernamental y por lo tanto es incorrecto.

La visión de la oficina del Fiscal General de Israel fue planteada en respuesta a una petición de un grupo de derechos humanos que se opone al encarcelamiento. El grupo describió la reclusión como «un plan discriminatorio, arbitrario e injusto que viola los derechos básicos».

El tribunal de distrito de Jerusalén emitió una prohibición judicial en relación con los planes de encarcelamiento hasta que concluya un juicio.

En su carta, Yishai instó a Netanyahu y a Neemán a apoyar la demanda de encarcelamiento. «La respuesta de la Fiscalía del Estado contradice las decisiones a las que llegamos en el gobierno», dijo el ministro.

«Mis manos están atadas como resultado del fallo de varios juristas que no están en sintonía con la angustia de los ciudadanos de Israel», agregó Yishai.

«La realidad y la magnitud del problema requiere la capacidad de usar instalaciones de detención que no fueron presupuestadas y construidas en vano», anadió.

La semana pasada, el Grupo Nacional de Planificación y Construcción aprobó los planes de construcción de una instalación de detención para inmigrantes africanos ilegales en el desierto de Negev que espera la aprobación del gobierno.

El plan original para la instalación autorizado en marzo podrá albergar a 3.000 inmigrantes con posibilidad de expansión a 11.000 en el futuro.

Human Rights Watch, The Hotline for Migrant Workers y Physicians for Human Rights, tres organizaciones no gubermanentales, señalaron que Israel está ofreciendo excusas para no cumplir con el derecho internacional y para no proteger a los refugados.

«Las autoridades israelíes afirman que los solicitantes de asilo a los que niegan la entrada pueden solicitar asilo a las autoridades egipcias, que Israel tiene derecho a sellar sus fronteras y que sus obligaciones con respecto a los solicitantes de asilo no se extienden a quienes se les impide el ingreso al territorio», se indicó en el informe.

«Ninguno de estos argumentos es correcto de conformidad con la Convención sobre Refugiados y el derecho humanitario internacional», señalaron los tres grupos.

«Simplemente no existe ningún resquicio legal que justifique la negativa de Israel a proteger a los solicitantes de asilo y su rechazo en la frontera sin considerar plenamente sus casos individuales», dijo Gerry Simpson, investigador sobre refugiados e integrante de Human Rights Watch.

En mayo, Yishai anunció la operación de repatriación llamada «A casa» para expulsar a muchos de los 60.000 solicitantes de asilo para enviarlos de regreso a Sudán del Sur y Eritrea.

Yishai señaló que los solicitantes de asilo africanos son «una amenaza demográfica y una carga económica para los servicios sociales».

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