Desafiando la estabilidad laboral de los empleados públicos, el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, escribió los borradores de un proyecto de ley, que otorgará a sus ministros y altos directivos la autoridad para despedir o trasladar a trabajadores estatales; y el cual se presentará al Consejo de Ministros para su aprobación, tan pronto como sea posible.
En caso de ser aprobada, la ley afectará a la mayoría de los aproximadamente 676.000 empleados públicos, número que incluye, no solo a 256.129 empleados del sector público (policía, servicio penitenciario, profesores de alto nivel, empleados de hospitales públicos, ministerios y otros organismos estatales), sino también a 218.000 empleados de instituciones públicas como universidades, organizaciones de mantenimiento de salud y agencias independientes, así como 202.100 empleados de empresas de gobiernos locales y del gobierno central, tales como la Corporación Eléctrica de Israel, la Compañía de Aguas Mekorot y la Industria Aeroespacial de Israel.