Sres de Semana
Amnistía Internacional condena la resolución religiosa firmada por decenas de rabinos que prohíbe el alquiler y la venta de viviendas a personas que no sean judías.
Esta resolución dictada por líderes religiosos que trabajan para el Estado de Israel, cuyos salarios se pagan con fondos públicos, está claramente dirigida contra los ciudadanos palestinos, que representan el 20 por ciento de la población de Israel, y pone de relieve la discriminación que éstos siguen sufriendo en la vivienda y en otras áreas.
Aunque la resolución no es una medida gubernamental oficial, entre los rabinos que la han promulgado figura Shmuel Eliyahu, rabino de Safed, y sus homólogos de otras ciudades y municipios israelíes, todos los cuales son básicamente empleados del gobierno.
En octubre, el rabino Eliyahu había escrito una carta instando a los judíos a que no vendieran o alquilaran apartamentos a personas no judías, aparentemente como reacción ante los estudiantes árabes que buscaban alojamiento para asistir a una escuela universitaria local. La carta fue firmada por otros 18 rabinos.
El mensaje que estos llamamientos transmiten a los ciudadanos palestinos de todo Israel no puede ser más claro: que la discriminación contra los ciudadanos palestinos que buscan vivienda está respaldada por las autoridades religiosas.
La carta de octubre del rabino Eliyahu también pedía que se adoptaran medidas contra los judíos que alquilaran o vendieran casas o apartamentos a ciudadanos palestinos de Israel.
Los vecinos y conocidos de un judío que venda o alquile a un árabe deben abstenerse de hacer negocios con él, negarle el derecho a leer la Torá y aislarle de forma similar hasta que deje de cometer esta acción dañina, dice la carta.
En noviembre, el ministro israelí de Asuntos de las Minorías, Avishai Braberman, pidió que el ministro de Justicia investigase al rabino Eliyahu por incitación, con vistas a suspenderle de su cargo de rabino municipal. Según los datos de que dispone Amnistía Internacional, el ministro de Justicia no ha adoptado aún ninguna medida sobre el asunto.
El gobierno israelí, como parte de tratados internacionales de derechos humanos que prohíben la discriminación por motivos de raza, etnia y religión, debe repudiar este llamamiento realizado por un grupo de destacados rabinos, adoptar medidas disciplinarias contra el rabino Eliyahu y otros empleados del Estado que propugnan el racismo, y trabajar para facilitar el acceso a la vivienda y a la educación superior a los ciudadanos palestinos de Israel.
Atte.
Philip Luther
Director adjunto del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional