Todo terminó siendo una gigantesca confusión. Una marcha multitudinaria que los medios dominantes exageraron en su volumen, pidiendo justicia a fiscales de los cuales varios de ellos la entorpecieron en forma reiterada y persistente y cuyos comportamientos cuestionables en diferentes causas ha sido profusamente informado.

Si se pasa a algunos convocantes ubicados en un discreto segundo plano, la situación se acentúa como en el caso del ex juez Luis Cevasco, presidente de la asociación argentina de fiscales, que falló cuando era juez a favor de la escuela religiosa Santa Unión de los Santísimos Corazones aunque la autopsia reveló que Jimena Hernández, de once años, consumada nadadora, no tenía agua en sus pulmones por lo que había sido asesinada y arrojada a la pileta.

Al ex fiscal Juan Manuel Romero Victorica se lo pudo ver sobre el escenario, con un pasado vinculado a los terroristas de estado, a Bunge y Born, y cobertura del militar que le sustituyó su identidad a la nieta Victoria Montenegro. Suponer que la nueva justicia esté representada por los cinco fiscales convocantes y por personajes con la historia de los mencionados como fogoneadores de la marcha, llevará a una frustración cercana, cuando los meses vayan desvistiendo a los nuevos vestales coyunturales de la justicia.

A buena parte de los ciudadanos que concurrieron se le podría aplicar la ironía de un escritor británico cuando se refería al periodismo. Decía Gilbert Keith Chesterton: «El periodismo consiste esencialmente en decir 'Lord Jones ha muerto' a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo». La inmensa mayoría de los manifestantes conocieron la existencia del fiscal Alberto Nisman, cuatro días antes de su muerte, cuando presentó la denuncia de la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina que implicaba a la presidenta de la nación y su canciller.

La muerte del fiscal Alberto Nisman y su elevación a la categoría de héroe para algunos y de mártir para la inefable doctora Elisa Carrió queda encuadrada en una certera e irónica frase de Jorge Luís Borges: «Nada mejor que la muerte para mejorar una vida».  

Precisamente durante su actividad de fiscal en la causa AMIA, Nisman fue parte del problema más que del esclarecimiento, que no figuró para nada en la convocatoria y que difícilmente hubiera atraído la atención y preocupación de los manifestantes.

Resulta fácil inferir que si la denuncia no hubiera implicado a la presidenta, tal vez la convocatoria nunca se hubiera hecho y de haberse concretado, el grosor de la concurrencia hubiera sido considerablemente menor.

Se llegó a una rara coincidencia mayoritaria en la descripción de la composición social de la marcha: clase media fundamentalmente, pequeña representación de clase alta y algunos ciudadanos aislados de los sectores populares, con una distribución etaria mayoritaria a los cincuenta años y con poca presencia juvenil.

Posiblemente el análisis del periodista Conrado Yacenza de en la tecla: «Esos jóvenes no orgánicos ¿desde qué estructura partidaria pueden ser convocados? ¿a través de qué organización política pueden canalizar sus expectativas de cambio? Sabemos que ni el trotskismo ni el kirchnerismo convocaron o adhirieron a la marcha, y la mención nos es caprichosa sino que allí puede hallarse una explicación ya que estas plataformas políticas están conformadas por un fuerte componente juvenil».

La marcha fue opositora y eso es absolutamente legítimo. El gobierno en lugar de levantar la bandera que mantuvo en forma irrestricta en buena parte de los doce años de no criminalización de la protesta social, que seguramente mereció la crítica de muchos de los manifestantes del 18 de febrero, decidió denostar, lo que fue un incentivo para los concurrentes.

Definirla como política es una redundancia obvia porque toda congregación de personas que protestan siempre es política y es excelente que lo sea. Lo que resulta equivocado es ocultar las verdaderas intenciones. El periodista Alberto Dearriba lo describió con precisión: «En verdad, la ofensiva antigubernamental sería legítima si no estuviera disfrazada de causa judicial y de defensa republicana. No es malo que los sectores conservadores se manifiesten en las calles como suelen hacerlo las fuerzas populares. En verdad, resulta saludable que asuman la defensa de sus ideas e intereses a la luz del día, en lugar de hacerlo como ocurre habitualmente en ámbitos oscuros vedados al pueblo. Muchos de ellos jamás reclamaron justicia por la masacre de la dictadura, ni se manifestaron para que se aclare la turbia investigación de la voladura de la AMIA. También resulta saludable para la democracia que el gobierno garantice el derecho de la oposición a manifestar sus reclamos. Pero no parece legítimo que se intente vender gato por liebre; que se disfrace una movida política contra el gobierno nacional de encendida defensa republicana. El verdadero contenido profundamente opositor de la marcha se filtró en las declaraciones periodísticas de los dirigentes políticos que participaron, en algunas pancartas de los manifestantes y en el tratamiento de los medios. Por supuesto que entre la multitud que marchó pese a la lluvia pertinaz, había miles de personas que fueron a homenajear al fiscal Alberto Nisman. Pero a quién le pueden hacer creer que no se aprovechó la dudosa muerte del fiscal para promover una manifestación opositora al gobierno. Miles de aquellos manifestantes de abril del año pasado que veían en la reforma judicial promovida por el Ejecutivo una intromisión de la política en la justicia, estuvieron seguramente en la calle haciendo política con la justicia. Por un lado cuestionaron las reformas por su contenido político y por otro, le cargan al gobierno la sospecha de un asesinato político, mucho antes que la justicia se pronuncie. Y avalan la presentación de una denuncia que, según reconocidos juristas, no tiene asidero».

El ensayista Alejandro Horowicz escribió: «la marcha del 18-F expresa una fuerza conservadora pero moderna y democrática, que electoralmente engrosaría las huestes del PRO de Mauricio Macri. La calle suele permitir que marchen juntos los que nunca votaran juntos, y que el silencio no remita al respeto sino a la dificultad de corear consigna comunes. Y la marcha simplemente es eso, miles de hombres y mujeres de cierta edad, casi sin jóvenes, manifestaron su alucinada convicción de que el gobierno impide que se esclarezca el caso Nisman. No se trata de una opinión fundada, sino de un nivel de desconfianza patológica alimentada por décadas de impunidad y ocultamiento».

El ensayista Horacio Tarcus, autor de una de las mejores notas sobre el tema escribió: «Dos operaciones retóricas se ponían en juego en perfecta simetría: el relato oficialista convertía en autor intelectual del asesinato al socio de anteayer (Stiuso), al mismo tiempo que el relato opositor hacía del magistrado kirchnerista de ayer, el virtuoso Fiscal de la República de hoy. Pero fue sobre todo la alquimia opositora la que se mostró exitosa transfigurando a un hombre del poder en un héroe que enfrentó al poder, convirtiendo a un sumiso en un valiente, haciendo de una máscara sin rostro el rostro de una República en peligro. La marcha del 18-F vino a probarlo, y una vez más la oposición ganó no sólo las calles sino la misma Plaza de Mayo al gobierno de la épica popular. La oposición republicana comparó la convocatoria con el Cabildo Abierto congregado bajo la lluvia un 25 de Mayo de 1810, y coincidiendo con las mascaradas del carnaval, Patricia Bullrich y Laura Alonso se vestían de French y Berutti, y hasta el mismísimo Macri se probaba el disfraz de jacobino. El gobierno, desconcertado en el presente, buscaba un alivio en las comparaciones con el pasado, y remitía el 18-F a la Procesión de Corpus Christi de junio de 1955. El pasado como legitimación para los que ganan, como consuelo para los que pierden».

La justicia es tradicionalmente la última trinchera del poder económico. El filósofo griego Prótágoras, 400 años antes de Cristo afirmó: «La justicia es lo que el hombre rico dice que es». Más acá, en criollo, en nuestro Martín Fierro, José Hernández escribió: «La ley es tela de araña, y en mi ignorancia lo explico, / no la tema el hombre rico, no la tema el que mande, / pues la rompe el bicho grande / y sólo enrieda a los chicos. / Es la ley como la lluvia, / nunca puede ser pareja, / el que la aguanta se queja, / más el asunto es sencillo, / la ley es como el cuchillo, / no ofiende a quien lo maneja».

El intento del gobierno de democratizar la justicia es un proyecto interesante y seguramente ampliamente perfectible, pero al mismo tiempo no puede evitarse la fuerte sospecha del intento oficial de neutralizar el avance de causas que lo perjudican. Esto le ha granjeado la fuerte animadversión de la corporación judicial afectada en sus intereses. A su vez es preciso señalar que hay jueces funcionales a todos los gobiernos como Norberto Oyarbide y otros que los medios dominantes llaman independientes y que generalmente responden incondicionalmente al poder económico.

A pesar de las puntualizaciones críticas sobre la marcha, el gobierno haría bien en no subestimarla. Los cacerolazos de noviembre de 2012 y abril de 2013, anticiparon el triunfo de Sergio Massa en Buenos Aires y la consolidación del macrismo en la Capital.         

La manipulación de la causa Nisman

Cada vez que la fiscal Viviana Fein se acerca a la hipótesis del suicidio, aparece alguna operación que intenta direccionarla hacia el homicidio. El asesinato es funcional a los sectores que quieren jaquear al gobierno como responsable de la muerte del fiscal.

Además, la hipótesis del homicidio vaciaría de significado el intento de convertir a Nisman en un hombre que murió por llegar a la verdad en la causa AMIA.

Aunque a la fecha la hipótesis del suicidio es la que ha acumulado más pruebas, no puede descartarse la posibilidad del homicidio. Más allá de los aciertos y errores de la fiscal Viviana Fein, la presión para que oriente la investigación hacia la conclusión de homicidio tiene el objetivo adicional y fundamental que la misma pasaría al fuero federal, fuertemente adverso al gobierno y muy acogedor del poder económico. En el mismo sentido juega la ex mujer de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

La desorientación del gobierno pudo observarse en las contradictorias declaraciones de Aníbal Fernández, que luego de denostar durante varias semanas a la marcha, el mismo día de realización de la misma afirmó que de no ser una persona conocida hubiera concurrido. Igualmente incurrió en una equivocación al referirse en forma despectiva de la fiscal, siendo funcional a los que intentan sacarle la causa y pasarla al fuero federal.

Todos los medios en general actúan en forma sesgada, pero en esa materia ocupa un lugar principal, en el podio de las operaciones, el diario «Clarín». Un día antes de la marcha aparecieron las declaraciones de la testigo Natalia Fernández, con un relato que de haber sido cierto el 10% de sus afirmaciones, hubiera llevado todo a foja cero y con la imposibilidad de reconstituir la escena de la muerte (no la escena del crimen como habitual y en forma generalizada se la denomina). A pesar que luego se desdijo totalmente en sede judicial, el 23 de febrero «Clarín» sostenía en un recuadro en página 6: «La testigo insiste en que no cambió su testimonio».

En el magma de informaciones y desmentidas ha quedado traspapelado el editorial de Eduardo van der Kooy, que el domingo 15 de febrero escribió bajo el título «El horror en el país feliz de Cristina»: «Existiría la constancia de otra irregularidad sospechosa a la hora del desenlace. Una vez que custodios, prefectos, médicos, Sergio Berni, el secretario de Seguridad y Sara Garfunkel, la madre del fiscal, comprobaron lo que había ocurrido en el departamento, las autoridades buscaron un testigo público ocasional. Así lo estipula la ley en cualquier procedimiento. El destino tocó a una empleada gastronómica de la zona que fue conducida hasta el departamento. Allí permaneció no más de un minuto. Pero el acta fue firmada casi dos días después. En ese momento recibió la constancia para justificar la ausencia a su trabajo, con la firma del subprefecto Sergio Esquivel».
Dos días más tarde toda esta historia era desmentida en el mismo diario en donde la imaginación creativa del editorialista competía con la mitomanía de la testigo.

Marcha sin destino de justicia

En medio de la notable conmoción de la muerte del fiscal, nadie se priva de la posibilidad de interpretar un papel actoral en una trama que deviene en novela tropical. La diputada Laura Alonso del PRO, afirmó sin que nadie pueda chequearlo que la última vez que se vio con el fiscal, este le dijo mirándola a los ojos: «Cristina lo planeó todo». Estuvieron también aquellos que, en un reduccionismo histórico forzado hasta el ridículo, sostuvieron por la lluvia y los paraguas que era una remake del 25 de mayo de 1810.

El habitual solemne columnista Joaquín Morales Solá también recurrió al efectismo del melodrama. Escribió en «La Nación» del 22 de febrero bajo el título «El regreso del miedo a la Argentina»: «El poder supuestamente conspirativo vive una atmósfera menos delirante. Vale la pena consignar un ejemplo. El fiscal Germán Moldes y Julio Piumato, el máximo dirigente sindical de los empleados judiciales, no se hablaban desde hacía décadas. Los dos militaron en corrientes distintas del peronismo en los años '70 y ambos sufrieron la cárcel y la tortura durante la dictadura. Dos días antes de la marcha del 18-F debieron participar de una reunión con el resto de los fiscales para organizar la manifestación. Cuando se encontraron, después de tantos años de distancia, Moldes dudó durante un segundo fugaz y luego corrió para abrazar a Piumato. Así, abrazados, estuvieron durante varios minutos, mientras los dos lloraban desconsoladamente. «Otra vez tenemos un muerto», se repetían uno al otro. Los otros fiscales, que pertenecen a una generación más joven, observaban entre sorprendidos y conmovidos. «Yo tenía la piel hecha un gallinero», contó uno de los asistentes. El pasado parecía resolverse entre esos dos hombres. Quedaba el presente, pero Moldes y Piumato podrían explicar con ese gesto el espíritu lacerado que se posó en la Justicia y en sus funcionarios. Hay heridas, no golpismo. Lo que sucedió el miércoles 18 fue algo más que una marcha política y un homenaje póstumo al fiscal Alberto Nisman. Fue la aparición descarnada de un Estado capturado por una facción política, la exposición pública del temor que subyace en las personas que tienen que interpretar y aplicar la ley».

Justamente al dirigente sindical de los judiciales se refiere la periodista Mariana Moyano: (Ricardo) Sáenz (uno de los fiscales convocantes) es también quien se pronunció a favor de la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto final. Como sabemos, estos pronunciamientos, no se llevan a cabo «en general», «en abstracto», sino a partir de un caso específico. La causa en la cual se expidió, era la que tenía por objeto la investigación del llamado «Operativo Murciélago», en el cual fue secuestrado Quique De Pedro, padre de Wado y entonces amigo de Julio Piumato. Piumato estaba en la foto, convocando codo a codo a la manifestación con Sáenz. Paradojas de los tiempos.

En esa misma nota, el columnista estrella del más antiguo diario argentino, de lenguaje republicano después de apoyar todos los golpes de estado aseguró: «Nisman no se suicidó. Fiscales y jueces lo dicen ahora abiertamente. Jamás Nisman se hubiera suicidado con un disparo en la cabeza, en el baño y en calzoncillos. Tenía un sentido demasiado obsesivo de la estética como para hacer las cosas de ese modo. Nadie encuentra, además, una sola razón personal o política para que haya llegado a esa determinación. «O lo mataron los servicios iraníes o algún sector de los servicios argentinos», resumió un fiscal que conoce el episodio de la muerte desde el primer minuto».

Contra afirmaciones tan categóricas y definitivas apunta el periodista Alberto Dearriba y las dificultades que encontraría la fiscal de llegar a la conclusión de suicidio: «La construcción mediática de la realidad ha llegado a un punto tal, que resulta difícil imaginar que la fiscal y la jueza que entienden en la causa de la muerte, se animen a avalar la hipótesis de un suicidio, aun cuando reunieran todas las pruebas en su poder».

Aislado de sus colegas, despreciado por otros, Nisman encontraba una compensación de su fuerte autoestima cuando llegaba a EE.UU y era recibido con un despliegue halagador según una investigación de la revista «Anfibia» de la Universidad de San Martín realizada por los periodistas Sonia Budassi y Andrés Fidanza: «Un fiscal federal y un juez federal escucharon a Nisman hablar sobre las lujosas camionetas negras que lo esperaban cada vez que pisaba EE.UU. En esa misma investigación se confirma la soledad del fiscal: «Desde el quiebre con Mullen y Barbaccia se convirtió en un paria ante los ojos corporativos de la familia judicial y cuando en 2004, por iniciativa de Kirchner, quedó al frente de una fiscalía dedicada exclusivamente al caso AMIA - junto a Marcelo Martínez Burgos -, su condición de «extranjero» se potenció. Se mudó desde el noveno piso de Comodoro Py a un piso frente a Plaza de Mayo, y así redujo al mínimo su roce con los otros fiscales y jueces federales».

El 26 de febrero el Juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia de Nisman «que dio inicio al presente expediente por inexistencia de delito». Basado en una estructura que encuentra en el propio escrito de Nisman la refutación de sus denuncias, basta señalar algunos de sus términos contundentes: «Por decirlo en términos llanos, la criatura concebida en el marco del Memorandum, esto es la 'Comisión de la Verdad', nunca pudo nacer. Desde aquél entonces transcurrieron ya dos años. Y luego, fue sepultada, seis meses atrás, a partir de haber sido declarada inconstitucional. Con este panorama, ensayar aún una hipótesis de delito de encubrimiento, realmente, carece de todo asidero. Tanto desde el punto de los hechos, como especialmente, del derecho. Ha quedado claro que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el fiscal Pollicita en su requerimiento, se sostienen mínimamente, la primera (Comisión de la Verdad) porque el presunto delito nunca se cometió; y la segunda (baja de las notificaciones rojas), porque la evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión oficial, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de delito.No hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual Jefa de Estado - aunque sea a una investigación o preparación (no punible) del gravísimo delito de encubrimiento».

Posiblemente algunas consideraciones de alto contenido político favorables  a la presidenta y al canciller dejen flancos sobre los cuales harán blanco los fervientes defensores de la denuncia de Nisman.

Pero lo realmente increíble, difícil de discernir, es que el 23 de febrero Rafecas recibió de las actuales autoridades a cargo de la UFI AMIA, con documentación anexa para ser presentadas en estas actuaciones dos documentos idénticos en donde «el Dr Nisman no sólo que no hace ninguna alusión a la inminente o consumada presentación en contra de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, sino que a lo largo de sus páginas, presenta una postura diametralmente opuesta, en el sentido que realiza consideraciones sumamente positivas de la política del Estado del gobierno nacional, desde 2004 a la actualidad, destaca todos los discursos de los dos sucesivos presidentes todos los años ante la ONU y considera que tanto el ofrecimiento de juzgamiento en un tercer país (2010) como la firma del Memorandum (2013), ambas iniciativas del P.E.N, como consecuencia entendible de la «erosión» y «desgaste» que lograron hacer los iraníes debido a su irreductibilidad y negativa a colaborar en el avance de la causa AMIA, que llevaron al gobierno argentino, nos dice ahora el Dr. Nisman, a ir paulatinamente reduciendo sus pretensiones, con tal de lograr el objetivo de siempre: sentar a los acusados ante el juez, y de este modo, permitir avanzar la causa hacia el juicio oral».

Y llegamos entonces a esta sorpresa consignada en el escrito de Rafecas: «Sin embargo y ante cualquier eventualidad, el Dr. Nisman había dejado dos proyectos, uno para el caso en que el acuerdo fuera ratificado por Irán y otro para el caso que no. Ambos fechados en diciembre del 2014, dejó rubricadas las últimas hojas de cada uno de estos proyectos fechadas en enero de 2015, sin precisar día».

Todo terminó siendo una gigantesca confusión. Una marcha multitudinaria que los medios dominantes exageraron en su volumen, pidiendo justicia a fiscales de los cuales varios de ellos la entorpecieron en forma reiterada y persistente. Un fiscal muerto que fue parte del problema más que de la solución. Y tres de las cuatro agrupaciones de familiares víctimas del atentado a la AMIA, muy críticos de la investigación y del fiscal protagonistas de una ausencia estruendosa.

Macedonio Fernández, maestro de Borges y cultor de una ironía metafísica, escribió para otra oportunidad pero aplicable a este hecho de significación con alguna adaptación: «Faltaron tantos familiares de las víctimas, que si faltaba una más no cabía».