La Fiscalía de Egipto solicitó la pena de muerte para el derrocado presidente Hosni Mubarak, por su implicación en el asesinato de manifestantes durante las protestas que sacudieron El Cairo entre el 25 de enero y el 11 de febrero de 2011, según informó el diario «Al Masry al Youm».
El fiscal jefe del caso, Mustafá Suleimán, argumentó que Mubarak autorizó a la Policía a utilizar munición real para reprimir las protestas, que se saldaron con la muerte de unos 800 manifestantes.
En la misma línea, Suleimán consideró que los otros acusados, entre ellos el ex ministro del Interior, Habib al Adly, también deben ser condenados a la pena capital.
Por su parte, Farid al Deeb, uno de los abogados de Mubarak, reiteró que el tribunal carece de potestad para juzgarle, ya que considera que seguía siendo presidente cuando ocurrieron estas muertes, lo que le daría inmunidad.
En un paso más, Al Deeb apuntó que el tribunal ni siquiera tiene potestad para juzgar a Mubarak en estos momentos porque al no haber presentado su dimisión a la Asamblea Nacional sigue siendo el presidente de Egipto.
Suleimán rechazó la argumentación de la defensa al considerar que el estallido de la revolución supuso la caída del régimen de Mubarak, por lo que cuando supuestamente autorizó disparar contra los manifestantes ya no era presidente.
El juicio contra Mubarak se reanudará el próximo miércoles, cuando está previsto que el juez del caso, Ahmed Refaat, fije una fecha para dictar sentencia.
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