"Siempre he tenido claro que Israel, como cualquier otra nación soberana, tiene el derecho y la obligación de defenderse y defender a sus ciudadanos contra ataques exteriores e interiores. Si hubiera sabido entonces lo que ahora sé, el Informe Goldstone hubiera sido diferente".

Hoy sabemos mucho más sobre lo que pasó en la guerra de Gaza de 2008-09 de lo que sabíamos cuando me tocó presidir la comisión investigadora nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que produjo como conclusión lo que ha llegado conocerse como el Informe Goldstone. Si hubiera sabido entonces lo que ahora sé, el Informe Goldstone hubiera sido un documento diferente.

El informe final del comité de expertos independientes de la ONU - presidido por la ex jueza de Nueva York, Mary McGowan Davis -, que siguió de cerca las recomendaciones del Informe Goldstone, ha concluido que "Israel ha dedicado importantes recursos para investigar más de 400 denuncias de mala conducta operacional en Gaza" mientras que "las autoridades de facto (por ejemplo, Hamás) no han realizado investigación alguna acerca del lanzamiento de misiles y ataques con morteros en contra de Israel".

Nuestro informe encontró evidencia de posibles crímenes de guerra y "posiblemente, crímenes de lesa humanidad" por parte de Israel y de Hamás. Ni que decir tiene que los delitos supuestamente cometidos por Hamás fueron intencionales - sus misiles fueron deliberada e indiscriminadamente dirigidos contra objetivos civiles.

Las acusaciones de intencionalidad por parte de Israel se basaron en las muertes y lesiones a civiles en situaciones donde nuestra comisión investigadora no pudo disponer de ninguna prueba sobre la cual hacer alguna conclusión razonable. Mientras que las investigaciones publicadas por el ejército israelí, y reconocidas en el informe del comité de la ONU, han establecido la validez de algunos incidentes investigados por nosotros en relación con casos que involucraban a soldados individuales, también señalaban que los civiles no fueron atacados intencionalmente por una cuestión política.

Por ejemplo, el ataque más grave sobre el cual se centró el Informe Goldstone fue la matanza de alrededor de unos 29 miembros de la familia al-Simouni mientras estaban en su casa. Al parecer, el bombardeo de la casa fue la consecuencia de un error de interpretación por parte de un comandante israelí de una imagen de un avión no tripulado Drone, y actualmente un oficial israelí se encuentra bajo investigación por haber ordenado el ataque. Mientras que la extensión de esta investigación resulta ciertamente frustrante, parece que un proceso adecuado está en marcha, y estoy seguro de que si se prueba finalmente la negligencia del oficial, Israel habrá de responder en consecuencia. El objetivo de estas investigaciones, como siempre lo he sostenido, es garantizar la plena asunción de la responsabilidad por acciones indebidas, y no el ejercer la crítica a posteriori, contando con el beneficio de la retrospección, de comandantes que toman decisiones difíciles en el campo de batalla.

A la vez que doy la bienvenida a las investigaciones israelíes sobre las denuncias, comparto las preocupaciones reflejadas en el informe McGowan Davis acerca de que pocas de las preguntas de Israel han sido resueltas y estoy convencido de que las actuaciones deberían haberse celebrado en foro público. Aunque la evidencia israelí surgida desde la publicación de nuestro informe no niega la trágica pérdida de vidas civiles, lamento que nuestra comisión investigadora no contara con tal evidencia para demostrar aquellas circunstancias en las cuales afirmamos que los civiles de Gaza fueron objetivos de ataque, porque probablemente hubieran influido en nuestras conclusiones acerca de la intencionalidad y los crímenes de guerra.

La falta de cooperación con nuestra investigación por parte de Israel vino a significar nuestra incapacidad para corroborar cuántos de los habitantes de Gaza asesinados eran civiles y cuántos, combatientes. El número de militares israelíes ha resultado ser similar al facilitado recientemente por Hamás (aunque probablemente Hamás podría tener alguna razón para inflar el número de sus combatientes).

Como he indicado desde el principio, habría acogido con gran complacencia la cooperación de Israel. El Informe Goldstone nunca tuvo el propósito de demostrar una conclusión previsible en contra de Israel. Insistí en la modificación del mandato original aprobado por el Consejo de Derechos Humanos, cuyo sentido fue distorsionado en contra de Israel. Siempre he tenido claro que Israel, tanto como cualquier otra nación soberana, tiene el derecho y la obligación de defenderse y defender a sus ciudadanos contra ataques exteriores e interiores. Algo que no ha gozado de suficiente reconocimiento es el hecho de que nuestro informe haya constituido la primera vez que actos ilegales de terrorismo por parte de Hamás fueran investigados y condenados por las Naciones Unidas. Tenía la esperanza de que nuestra investigación sobre la totalidad de los aspectos relacionados con el conflicto de Gaza habría de comenzar una nueva era de imparcialidad en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuya historia de parcialidad en contra de Israel es algo indudable.

Algunos han afirmado que el proceso bajo nuestra dirección no estuvo a la altura de las normas judiciales. Para ser claros: Nuestra misión no fue en absoluto un proceso judicial, ni siquiera cuasi judicial. Nosotros no investigamos casos de conducta criminal por parte de ningún individuo en Israel, Gaza o Cisjordania. Nos limitamos a hacer nuestras recomendaciones basadas en el expediente que teníamos ante nosotros, el cual no incluyó, lamentablemente, ninguna evidencia provista por el gobierno israelí. De hecho, nuestra principal recomendación fue que cada parte investigara, de manera transparente y de buena fe, los incidentes mencionados en nuestro informe. McGowan Davis concluyó que Israel lo ha hecho en una medida significativa; Hamás, en cambio, no ha realizado ninguna investigación.

Algunos han sugerido que era absurdo esperar que Hamás, una organización que sostiene una política de destrucción del Estado de Israel, investigara lo que nosotros habíamos identificado como graves crímenes de guerra. Tenía la esperanza, aún si poco realista, de que Hamás podría hacerlo, especialmente si Israel había llevado a cabo sus propias investigaciones. Como mínimo, esperaba que, en vista de una clara constatación de que sus miembros cometían graves crímenes de guerra, Hamás redujera sus ataques. Lamentablemente, eso no ha ocurrido. Cientos de misiles y proyectiles de mortero han sido dirigidos contra objetivos civiles en el sur de Israel. Que, comparativamente, hayan muerto pocos israelíes a causa de los misiles criminales y los ataques de mortero desde Gaza, de ninguna manera minimiza el hecho de la criminalidad. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe condenar estos actos atroces en los términos más enérgicos.

Al final, esperar de Hamás una investigación probablemente pueda haber sido una empresa equivocada. Entonces, también, el Consejo de Derechos Humanos debería condenar la reciente masacre injustificable y a sangre fría de una pareja de jóvenes israelíes y tres de sus hijos pequeños, mientras dormían en sus camas.

Sigo creyendo en la causa que funda el establecimiento y la aplicación del derecho internacional en conflictos prolongados y mortíferos. Nuestro informe ha dado lugar a numerosas "lecciones aprendidas" y cambios de política, incluida la adopción de nuevos procedimientos por parte de Tzáhal (Fuerzas de Defensa Israelíes) para asegurar la protección de los civiles en casos de guerra urbana y la limitación del uso de fósforo blanco en zonas civiles. La Autoridad Palestina estableció una investigación independiente sobre nuestras denuncias de violaciones de nuestros derechos humanos - asesinatos, torturas y detenciones ilegales - perpetrados por Al Fatah en Cisjordania, especialmente contra miembros de Hamás. La mayoría de esas denuncias fueron confirmadas por esta investigación. Lamentablemente, no ha habido ningún esfuerzo por parte de Hamás en Gaza para investigar las denuncias de sus crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad.

En pocas palabras, la ley de conflicto armado se aplica con no menos rigor a los actores no estatales, tales como Hamás, que a los ejércitos nacionales. Asegurar que tales actores no estatales respeten estos principios, y sean investigados cuando no lo hacen, es uno de los retos más importantes que enfrenta la ley de conflicto armado. Sólo si todas las partes involucradas en conflictos armados se sujetan a estas normas, seremos capaces de proteger a los civiles quienes, sin posibilidad de elección propia, quedan atrapados en medio de una guerra.

Fuente: The Washington Post - 1.4.11
Traducción: www.argentina.co.il