La conducta de una sociedad no se califica en base a la proporcionalidad de la cantidad de miembros que transgreden normas democráticas. Por el contrario, se la cataloga por la tolerancia o intolerancia con que sus estructuras judiciales y de control del orden actúan en sus esfuerzos por la erradicación de esos síntomas.

Difícilmente se puede garantizar la inexistencia de contraventores de normas de conducta mayoritariamente establecidas. Por otro lado, se calificaría muy negativamente toda sociedad con actitudes oficiales pasivas y/o anuentes ante la aparición de estos fenómenos, inclusive por medio de minorías numéricamente despreciables.

La justicia israelí, en su renombrado currículum, es mundialmente reconocida por su firmeza e imparcialidad cuando investiga y castiga responsables de delitos leves como atroces. Sin embargo, con el pasar del tiempo y el recrudecimiento del conflicto con los palestinos, cada día se hacen más evidentes ciertos aspectos en donde la capacidad de investigación y juicio de la policía, la fiscalía y los juzgados se ven afectadas por percepciones con raíces étnicas que dictan finalmente un proceder con cargado tinte discriminatorio.

Una de las últimas sentencias de la Suprema Corte de Justicia justamente es un fiel reflejo de esta preocupante tendencia.

En 2009 los rabinos Itzhak Shapira y Yossi Elitzur publicaron un libro titulado «La Tora del Rey». En el texto se exponen posiciones sobre lo que ellos consideran el importante aunque no menos monstruoso interrogante existencial de los judíos de hoy en día: «¿Cuándo, de acuerdo a las normas halájicas de la religión, le está permitido a un judío matar a un no judío?

El contenido del libro es espeluznante y aterrador. Para estos doctos en judaísmo, entre otras propuestas racistas y criminales, «está permitido matar a no judíos que representen un peligro para el pueblo de Israel, inclusive si se trata de niños o bebés». Su salvajismo con los niños es inverosímil pues «hay una lógica que obliga a matar al niño cuando se está convencido que cuando crezca nos hará daño» [1].

En mayo de 2012, Yehuda Wanshtein, Fiscal de Estado, se negó a acusar de instigación al racismo a los autores aduciendo que «hay dificultad de corroborar que la publicación se llevó a cabo con el objetivo de instigar al racismo, como lo exige la ley» [2].

Organizaciones de defensa de los derechos humanos apelaron ante la Corte Suprema de Justicia a los efectos de que ésta revoque la decisión del Fiscal obligándolo a culpar y llevar a juicio a los dos rabinos.

Los tres jueces que componían el alto tribunal se expresaron casi al unísono en el momento de presentar sus puntos de vista de los hechos en discusión. Uno de ellos criticó duramente a la policía investigadora por «una investigación que dejó mucho que desear, tanto por ser demasiado poco, como demasiado tarde. El cáncer racista representado por los autores demanda mucho más» [3].

El segundo juez comentó que los interrogatorios se prolongaron no más de una hora y en su mayoría los sospechosos se reservaron el derecho al silencio. «Un esfuerzo y recursos tan insignificantes de parte de la fiscalía y policía se pueden interpretar muy fácilmente como intento de formalidad a la ligera».

El tercer juez expresó sus claras reservas por el libro y sus autores. «Mi conciencia me indica que estos rabinos deberían ser juzgados y así darían sus explicaciones y estarían expuestos al interrogatorio público de los acusadores».

Como es de suponer en el Estado judío de nuestro tiempo, difícilmente el sistema judicial esté predispuesto a inculpar a un rabino por actitudes antidemocráticas y racistas dirigidas contra población no judía. Realmente no vale la pena dedicarle tiempo a la decisión, tanto del Fiscal como de la Corte Suprema. Los rabinos no serán inculpados y permanecerán inocentes y puros como la nieve.

Lo realmente insólito del proceso es el mensaje aberrante que trasmite toda la pirámide del sistema judicial israelí. En este sentido, lo más importante es analizar los argumentos jurídicos que llevaron a absolver a estos rabinos, que según atestiguan las autoridades judiciales más altas de Israel, cometieron actos de claro contenido racista.

Para el Fiscal Wainshtein, «es cierto, la publicación incluye contenidos muy fuertes con elementos que aparentemente coinciden con la definición de racismo en la ley, pero no se puede pasar por alto el hecho que se trata de citas y discusión de fuentes halájicas en el marco de un debate religioso».

El juez Rubinshtein explicó que «pese a que la obra trasmite un mensaje malvado que fácilmente se interpreta en contra de la población árabe, nuestros vecinos, existe una dificultad probatoria para acusar los autores del libro por su carácter halájico. La decisión del tribunal se tomó rechinando los dientes. De todos modos debemos examinar si la acusación a los autores tiene un sólido basamento jurídico. Si no es así, inclusive si la justicia moral está del lado de los apelantes, con toda nuestra simpatía y con mucho pesar, no podremos fallar en su favor».

La jueza Miriam Naor, presidenta de la Suprema Corte, mencionó que «el mensaje de su conciencia le provocó mucha simpatía con la demanda de acusación, pero que, como jueces, debemos tomar en cuenta únicamente argumentos jurídicos».

Sólo el juez Salim Joubrán, árabe israelí, votó en minoría por la acusación de los rabinos.

El legajo de la sentencia, en este caso de la más alta jerarquía judicial, contiene formalmente una absolución de los rabinos, pero moral, social y políticamente no hay otra alternativa más que interpretarlo como una grave acusación al sistema judicial israelí que se escuda detrás de la norma que el racismo y la discriminación en nombre de la religión judía y en boca de rabinos es legítima.

Dos décadas fueron suficiente para borrar de la memoria de estos distinguidos jueces la confesión de Yigal Amir, el asesino de Itzjak Rabin, que se inspiró en arengas halájicas de ciertos rabinos para asesinar al primer ministro de Israel.

En vez de un Estado judío y democrático que castiga a dos rabinos que promueven ideas racistas, hoy tenemos un Estado judío que dejó de ser democrático para parte de su población, a los efectos de proteger legalmente el accionar de reconocidos rabinos que promueven libremente sus ideas racistas.

La nefasta conclusión del juicio y su sentencia es que, lamentablemente y en muchas circunstancias, el judaísmo y valores democráticos no pueden convivir uno al lado del otro. Un Estado judío, condicionado social y políticamente por rabinos extremos, difícilmente podrá lograr que lo califiquen como democrático. Sólo basta una mirada a nuestro alrededor para comprobar que estamos en presencia de una percepción generalizada que cada día recolecta más adeptos en el mundo.

Se trata de un paso más, entre otros muchos, que el liderazgo israelí lleva adelante en la degeneración del judaísmo. Todo ello con la anuencia tácita o explicita de prácticamente todas las direcciones comunitarias del pueblo judío disperso en el mundo.

Todos ellos sufrirán las consecuencias.

Ojalá me equivoque...

[1] «Libro distribuido en los grupos de derecha explica cuando se puede matar no judíos»; Roí Sharón; Maariv; 9.11.09.

[2] «Cerraron la acusación contra los autores del libro 'La Tora del Rey'»; Haaretz; 28.5.12.

[3] «La causa contra los autores de 'La Tora del Rey' quedará cerrada»; Haaretz; 9.12.15.