La Ministra de Cultura israelí, Miri Regev, cambiará las regulaciones de financiación para instituciones públicas de forma que cualquiera de ellas que se niegue a actuar en los asentamientos judíos en Cisjordania, o zonas periféricas del país, pueda ser sancionada.
Fuentes de su oficina confirmaron que la medida será aplicable a cualquier institución cultural que percibe financiación pública, y que en el caso de ser aplicada deberá ser refrendada antes por el asesor legal del Gobierno.
La cuantía de la sanción podrá ascender a un 5% de la financiación que reciba, es decir, hasta 700.000 shekels (unos 179.000 dólares).
«Estoy orgullosa de haber conseguido que el acceso a la cultura en cualquier lugar del país sea reconocido por el Ministerio de Justicia como un derecho legal», dijo Regev en un comunicado después de que el asesor jurídico del Gobierno diera su aprobación a la iniciativa.
Se trata de una sanción que podría afectar sobre todo a grupos culturales de izquierda que se niegan a actuar en los asentamientos por razones ideológicas, al encontrarse estos en territorio militarmente ocupado.
Regev, autora de otros proyectos polémicos para restringir la financiación a instituciones que no sean leales en sus contenidos al Estado de Israel, destacó en ese sentido que «el Ministerio de Cultura no será más un cajero automático».
«La función de la financiación pública es promover una política social justa», explicó al subrayar que el boicot a uno u otro colectivo, en este caso los colonos, no puede contar con la ayuda económica de los contribuyentes.
«No puede ser que financiemos de forma ciega a una institución que boicotea a un grupo de ciudadanos convirtiéndoles en ciudadanos de segunda», sentenció.
Las actuaciones en los asentamientos judíos son desde hace décadas motivo de disputa entre la derecha nacionalista, a la que pertenece Regev, y la izquierda pacifista.
Numerosos actores y directores se niegan a presentar sus obras en los asentamientos en protesta contra la ocupación israelí de Cisjordania.
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