«Creo que están reactivando su trabajo sobre el caso», dijo Prosor. «En el pasado no hubo una auténtica motivación para investigar los hechos. Lo veo diferente hoy. Uno debe darles el crédito que merecen», agregó.
En 2006, Argentina acusó formalmente a Irán de planificar el atentado y a la organización terrorista libanesa Hezbolá de llevarlo a cabo.
Posteriormente, un juez ordenó el arresto de siete ex funcionarios iraníes y un miembro operativo de Hezbolá.
En 2007, Interpol ratificó estas conclusiones y emitió circulares rojas para capturar a los fugitivos y llevarlos ante la justicia.
Desde entonces, Irán se negó a acatar el fallo y a extraditar a los presuntos culpables del ataque.
Por su parte, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó en septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas que estaba preparada para iniciar un diálogo sobre el asunto con Irán.
En respuesta, Occidente mostró preocupación por una posible pérdida de interés por parte de Buenos Aires a la hora de investigar este ataque y el perpetrado contra la Embajada israelí en la capital argentina en 1992, en el que fallecieron 29 personas.
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