La Autoridad Palestina (AP) se convertirá este miércoles en miembro oficial de la Corte Penal Internacional (CPI) con la intención de hacer juzgar a los dirigentes israelíes por crímenes de guerra ligados a la ocupación, pese a las incertidumbres que entraña este nuevo capítulo del conflicto.

Este 1 de abril tiene sobre todo un carácter ceremonial, con la entrega al ministro de Exteriores palestino, Ryad al-Malki, de una copia del Estatuto de Roma, fundador de la CPI.

Dirigentes de la AP ya advirtieron que las primeras denuncias llegarán el mismo miércoles, pero en realidad un Estado miembro sólo tiene capacidad para señalar al tribunal situaciones precisas, y es la fiscalía la que deciden si investigar o no.

Esta adhesión supone un paso más en la confrontación diplomática y judicial contra Israel en la que se embarcaron las autoridades palestinas en 2014.

Se trata también de una empresa de consecuencias inciertas, no sólo porque el primer ministro Binyamín Netanyahu y otros dirigentes israelíes parecen lejos de comparecer un día en la Haya, sede de la CPI, si no porque también se desconoce a dónde podría llevar esta nueva degradación anunciada de las relaciones entre Israel y la AP.

Los palestinos, que no ven ninguna perspectiva de nacer el Estado al que aspiran desde hace tanto tiempo, elegieron unilateralmente internacionalizar su causa.

A finales de 2014, decidieron solicitar el ingreso en la CPI, cuya vocación es juzgar a autores de genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, tras ver rechazado por el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución para poner fin a la ocupación en tres años.

La CPI es uno de los últimos recursos de la AP, pero también amenazó con otro: terminar la cooperación en seguridad con Israel.

Las relaciones son cada vez más tensas. La eventualidad de investigaciones de la CPI no gusta en absoluto en Israel. Netanyahu acusó al gobierno palestino, incluido Hamás, de «manipular» al tribunal.

En su reciente campaña electoral, el primer ministro afirmó que, de ser reelecto, enterraría la idea de un Estado palestino.

Una vez elegido, Netanyahu aceptó desbloquear los fondos y rebajó el tono sobre el Estado palestino, pero la AP mira con escepticismo sus últimas declaraciones.

El gobierno israelí, país que no se adhirió al Estatuto de Roma y por lo tanto tampoco a la CPI, tachó el gesto del presidente de la AP, Mahmud Abbás, como unilateral y contraproducente.

Según el negociador jefe Saeb Erekat, la AP se estn preparando para presentar un dossier completo después del 1 de abril, sobre cuestiones vinculadas a los habitantes de los asentamientos judío en Cisjordania y a la pasada guerra en Gaza, pero esto no significa la ausencia de otros crímenes.
    
Un funcionario del Ministerio de Exteriores de la AP explicó que las investigaciones de la CPI - encabezadas por el fiscal general Fatou Bensouda - podrían tomar en consideración también crímenes cometidos por facciones palestinas, en particular por Hamás.
    
La Corte tiene jurisdicción para todo lo que ocurre en el territorio de cada Estado miembro y procede en base a las normas de derecho internacional no contra las nacionales en cuanto tales sino contra personas en posición de mando a las que son atribuidos los crímenes.
    
El mismo Erekat subrayó que «para la ley internacional la AP está bajo ocupación en sus partes de Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza», partes que serán a partir de ahora sujetas, al menos desde el punto de vista teórico, a consideración de los jueces

Notas relacionadas:

AP: Asentamientos israelíes y guerra en Gaza ante CPI

Abbás: «Crímenes de Israel no quedarán impunes»

La Haya: AP acusa a Israel por crímenes de guerra