El ministro de Defensa israelí, Moshé Yaalón anunció la entrada en vigor de un programa piloto que impide a los ciudadanos palestinos viajar en los mismos autobuses que los ciudadanos israelíes.
Yaalón defendió la medida en la radio pública asegurando que permitirá «un mejor control de los palestinos y de los que salen de Israel y reducirá los riesgos de seguridad».
Debido a la nueva directriz los obreros palestinos deberán regresar ahora desde Israel a Cisjordania a través del mismo control militar empleado para acceder al país y no estarán autorizados a hacerlo en autobuses comunes israelíes.
«En virtud de un proyecto piloto de tres meses de duración, los palestinos que trabajan en Israel no podrán volver a casa en el mismo autobús que usan los residentes judíos de los asentamientos en Judea y Samaria (Cisjordania), explicó el Coordinador de Actividades en los Territorios, dependiente del Ministerio de Defensa, el general Yoav (Poli) Mordejai.
Los trabajadores palestinos que entraban en Israel podían regresar a sus casas en Cisjordania de la manera que eligieran.
Pero de acuerdo al plan, los palestinos que entren en Israel a través de los puestos de Rayhan, Hala, Eliahu y Eyal en Cisjordania, sólo podrán retornar a sus hogares a través de los mismos controles.
«A partir de hora, la Coordinación de Actividades en los Territorios suministrará autobuses especiales para los palestinos a fin de que el movimiento de los trabajadores no se vea mermado», dijo Mordejai.
Miles de palestinos viajan cada día desde Cisjordania a Israel para trabajar, principalmente en la construcción, y lo hacen atravesando puestos de control militar israelí donde presentan sus permisos de trabajo y desplazamiento.
La medida provocó duras críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.
La decisión se contradice con la posición defendida por mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que no consideran la presencia de palestinos en autobuses en Cisjordania una amenaza a la seguridad.
Cuando fue anunciada en octubre de 2014, los medios precisaron que el plan chocaba frontalmente con la postura del Ministerio de Transportes, que aduce que no se puede impedir a los palestinos por ley desplazarse en esos autobuses.
La decisión responde a las fuertes presiones ejercidas por parte de dirigentes de los asentamientos para que los autobuses no sean abordados por palestinos, a los que consideran un riesgo para su seguridad.
La ONG Yesh Din (Hay Justicia, en hebreo) la calificó de «racista y vergonzosa, que causa un grave deterioro moral a Israel», y anunció sus intenciones de recurrir a la Corte Suprema de Justicia para impedir su aplicación.
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