Una comisión del Parlamento israelí presidida por el ministro de Finanzas, Yuval Steinitz, terminó su informe sobre la concentración de actividades económicas en el país. Entre las conclusiones destacó la oposición a «toda concentración de actividades industriales y bancarias en los grandes grupos».

Steinitz explicó que la competitividad entre las empresas está «lejos de ser suficiente». Es más, el primer ministro de Netanyahu, tras conocer las conclusiones del informe señaló que «hay que promover la competitividad porque es el mejor medio de asegurar el crecimiento económico de Israel».

Israel se percató, agregó Steinitz, que inversores extranjeros «renunciaron a entrar en el mercado económico israelí a causa de la desmesurada concentración que reina en el país». El ministro añadió que «reducir los grandes monopolios permitirá disminuir los precios y mejorar la calidad de los servicios».

Tras este informe, los grandes grupos económicos de Israel tendrán cuatro años para separar sus actividades industriales y financieras. El Ejecutivo israelí puso un límite al control de la banca por parte de las empresas.

«Los grupos empresariales, en los que un accionista controla sociedades reagrupadas en una estructura piramidal sin ser el accionista mayoritario, serán controlados estrictamente por el Estado durante los cuatro años que el Gobierno otorga para separar las actividades», dijo Steinitz.

El proyecto de ley se presentará en el Parlamento para su votación a finales de marzo.

Israel también inició el proceso de privatización y de externalización de servicios de la mayoria de empresas públicas del país. Este proceso ya provocó una serie de protestas y huelgas como la que recientemente paralizó a los puertos del pais.

La intención del Gobierno es mejorar la economía del Estado, pero antes de tomar cualquir decisión, el Ejecutivo debe esperar la aprobación de estas medidas por parte de la dirección anti-trust ya que cualquier recesión o venta de un bien público por un valor superior a los 150.000 shékels requiere ese trámite.

Dos de las empresas que encabezan los planes del Ejecutivo israelí para ser privatizadas son: Correos y Ferrocarriles Nacionales. En el caso de correos, el proceso se inició en 2006 con la creación de una sociedad empresarial para facilitar la entrada del sector privado. Dicha entrada fue muy pequeña y la empresa, con una deuda reconocida de 150 millones de dólares, está al borde de la quiebra, según sus dirigentes. El Gobierno no inyectó ninguna ayuda para aliviar la carga financiera de la sociedad. La situación es tan tensa que los sindicatos convocaron a una huelga.

En el caso de los ferrocarriles, el Gobierno de Netanyahu quiere externalizar algunos servicios. Las nuevas líneas y vagones tendrán un mantenimiento canadiense y no israelí, lo que también encendió los ánimos de los sindicatos ante el aumento de la externalización en la empresa.

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