El fiscal general de Israel, Yehuda Weinstein, anunció su intención de acusar al periodista de Haaretz, Uri Blau, por posesión de documentos robados calificados como secretos por las Fuerzas de Defensa de Israel.

De acuerdo con un comunicado de la oficina del fiscal, Blau estaba en posesión de miles de documentos militares de alto secreto, que fueron robados de las FDI por la ex soldado Anat Kamm, que fuera condenada en febrero por recolección, tenencia y transmisión de información secreta sin autorización.

A pesar de los cargos que incluyen los términos «espionaje grave», Blau no está acusado de un delito de espionaje.

El ministerio de Justicia informó que la decisión fue tomada «después atender todas las consideraciones pertinentes, inclusive la necesidad de restringir la política de aplicación a fin de mantener a la prensa israelí como una prensa libre que cumple con su deber».

Según la oficina del fiscal, Blau utilizó a sabiendas miles de documentos, «traicionando su deber y más adelante su compromiso ante el Estado».

La declaración añadió que Blau «podría haber evitado facilmente el daño a la seguridad de Israel sin perjudicar a sus fuentes, pero que el daño potencial de posesión de dichos documentos era inmenso».

En respuesta, el diario Haaretz comunicó que la decisión «es lamentable y sienta un precedente en términos de sus consecuencias sobre la libertad de prensa en Israel, y especialmente en la capacidad de cubrir el aparato de seguridad».

El diputado Otniel Schneller, del partido Kadima, elogió la decisión, diciendo que «En sus acciones, Blau puso en peligro la seguridad de Israel y no menos, quizás hasta más que las acciones de Anat Kamm».

La presidente de Meretz, la diputad Zehava Gal-On, criticó la decisión. «El fiscal general ha demostrado una vez más su falta de sensibilidad a los principios democráticos básicos. Su decisión convierte a Israel en un Estado en el que los periodistas son juzgado por recibir información secreta sobre las fallas en el sistema de seguridad».

La presidente del Consejo de Prensa Israelí, la ex jueza Dalia Dorner, dijo que no era la primera vez que se había razón de presentar cargos contra un periodista en posesión de documentos secretos en el cumplimiento de su deber.

«El Fiscal General tiene que emitir un juicio, y lamento la decisión que ha tomado». Dorner continuó diciendo que «muchos periodistas que se ocupan de estas cuestiones tienen este tipo de documentos, y esta decisión tiene un efecto paralizante. Esperemos que las autoridades consideren el gran daño de esta decisión sobre la libertad de prensa», añadió.

La Asociación de Periodistas de Israel, por su parte, se pronunció contundentemente en contra de la decisión, diciendo que «pone en peligro la libertad de prensa, que es el alma de la democracia».

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