La organización Human Rights Watch (HRW) denunció la muerte de 95 civiles en crímenes de guerra cometidos por las fuerzas del Gobierno sirio mientras negociaba un alto el fuego, que entró en vigor el pasado 12 de abril, con el enviado internacional Kofi Annan.
HRW señaló en un informe que las fuerzas gubernamentales sirias incendiaron o destruyeron viviendas durante la ofensiva lanzada en la provincia septentrional de Idlib, fronteriza con Turquía, entre el 22 de marzo y el 6 de abril.
El documento habla de decenas de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de civiles y destrucción de propiedades de ciudadanos, así como detenciones arbitrarias y torturas.
La subdirectora de programas y emergencias de HRW, Anna Neistat, aseguró que «mientras los diplomáticos discutían los detalles del plan de paz de Annan, los tanques y helicópteros sirios atacaban un municipio tras otro en Idlib».
«En todos los lugares que visitamos, vimos casas, comercios y automóviles calcinados y destruidos, y escuchamos relatos de personas cuyos familiares fueron asesinados. Parecía que las fuerzas del Gobierno sirio habían aprovechado hasta el último minuto antes del alto el fuego para causar daños», agregó.
La organización afirmó haber documentado operaciones militares a gran escala contra bastiones de la oposición en la provincia de Idlib.
Además, registró nueve incidentes en los que los efectivos del régimen ejecutaron a 35 civiles bajo su custodia y la detención de decenas de personas sin cargos, de las que dos tercios continúan recluidas.
HRW, que citó a testigos, indicó que hubo combatientes de la oposición presentes en localidades de Idlib antes de los ataques y que algunas veces intentaron impedir la entrada del ejército.
En la mayoría de los casos, el grupo subrayó que los combatientes opositores se retiraron rápidamente cuando se dieron cuenta de que el ejército los superaba en número y medios.
La nota destacó que «los choques en Idlib alcanzaron aparentemente el nivel de conflicto armado de acuerdo con el derecho internacional».
«La ONU - a través de la Comisión de Investigación y el Consejo de Seguridad - debe asegurarse de que los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad sirias no queden sin castigo», dijo Neistat.
«Los esfuerzos puestos en el plan de paz se verían gravemente socavados si se siguen produciendo abusos a espaldas de los observadores», advirtió la responsable de HRW.
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