El ex presidente egipcio, Hosni Mubarak, y su antiguo ministro de Interior, Habib al-Adli, fueron condenados a cadena perpetua por su complicidad en la represión que se cobró más de 800 vidas durante las protestas que acabaron con su derrocamiento en 2011 según ha dictaminado el Tribunal Penal de El Cairo. La corte, dirigida absolvió a los hijos de Mubarak, Alaa y Gamal, acusados de corrupción, y a seis ex comandantes polciales que conformaban el núcleo duro de seguridad del Ministerio del Interior. De estos últimos, cuatro eran subordinados directos de Al Adli y los otros dos, ex oficiales ministeriales.
De igual modo, tanto Mubarak como Al Adli fueron absueltos de los cargos de corrupción y desvío de fondos públicos de los que se les acusaba. El tribunal esgrimió que estos cargos prescribieron al haber ocurrido presuntamente hace 10 años. También fue absuelto Husein Salem, detenido en Madrid en junio de 2011, del cargo de presunto blanqueo de capitales del que se le acusaba.
La Fiscalía egipcia decidió que Mubarak sea trasladado al hospital de la prisión de Tora en lugar del Centro Médico Internacional de El Cairo, donde residió los últimos días con todo lujo y comodidades, según fuentes médicas.
El Tribunal puso así punto final a 49 sesiones, más de 250 horas de procedimientos y 60.000 páginas de sumario con un emotivo discurso en el que aseguró que las sentencias se pronunciaron sin asomo de duda para acabar con 30 años de opresión bajo el régimen de Mubarak.
«Pasamos de tocar fondo a convertirnos en un faro para la región. Dios juntó nuestros corazones para darnos fuerza», declaró el juez, quien entendió que la condena se produce «tras un juicio justo».
El veredicto provocó importantes protestas entre la multitud concentrada ante la sede de los procedimientos, en particular tras conocer la absolución de los hijos de Mubarak, quienes tienen pendiente cargos adicionales por manejo ilegal de información en operaciones bursátiles.
El dictamen a favor de Alaa y Gamal Mubarak fue recibido al grito de «falso, falso» y hubo incluso críticas al tribunal, entre exigencias para que se «depure el actual sistema judicial».
Las fuerzas de seguridad desplegadas ante la Academia de Policía de El Cairo, sede de los procedimientos, intervinieron para evitar que la protesta pasara a mayores.
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