El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, repudió de manera categórica la «decisión absurda y escancalosa» del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir un examen preliminar, etapa previa a una investigación, sobre posibles crímenes de guerra cometidos en 2014 en territorios de la Autoridad Palestina (AP).

«La Autoridad Palestina no es un Estado y coopera con Hamás, una organización terrorista que comete crímenes de guerra», afirmó Netanyahu.

El mandatario hebreo denunció que la decisión representaba «un contrasentido respecto de los objetivos originales que fueron la base de la fundación de la CPI, la cual sucedió después del asesinato masivo de seis millones de judíos por los nazis».

Netanyahu agregó que «el Estado judío se defiende del mortífero terror que también ataca al mundo entero».

También el canciller israelí, Avigdor Liberman, se mostró igual de irritado al anunciar que Israel tomará acciones internacionales para «desmantelar la CPI», de la que Israel no reconoce competencia alguna.

Según Liberman, «la decisión escandalosa representa un intento de dañar al derecho de Israel a defenderse del terror y responde a motivos políticos y anti-israelí».

Este examen es la última etapa de la ofensiva diplomática iniciada por la AP en la ONU, tras adherirse a este tribunal internacional el 2 de enero. En represalia, Israel congeló entonces la entrega a la AP de unos 150 millones de dólares de impuestos recaudados.

«Un examen preliminar de la CPI sirve para determinar si hay una base razonable para iniciar una investigación», indicó la oficina de la procuradora, Fatou Bensouda, en un comunicado. «La procuradora analizará en especial las cuestiones vinculadas a la competencia, a la admisibilidad y a los intereses de la justicia», precisó.

La adhesión de la AP a la CPI autoriza a los palestinos a pedir cuentas a los dirigentes israelíes por las operaciones militares en la Franja de Gaza o por la ocupación israelí de Cisjordania, especialmente. La procuradora podrá abrir investigaciones a partir del 1 de abril.

Paralelamente a la petición de adhesión, la AP envió a la CPI un documento autorizando a investigar presuntos crímenes cometidos en «los territorios palestinos ocupados a partir del 13 de junio de 2014».

El buró de la procuradora recordó que «investiga y persigue crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, en total independencia e imparcialidad».

La instancia analizará con mayor precisión las exacciones cometidas - tanto por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) como por Hamás - durante la guerra de Gaza que se llevó a cabo entre ambas partes durante los pasados meses de julio y agosto.

En su comunicado, la CPI añadió que el Buró del Procurador ya había iniciado un examen preliminar sobre la situación en Palestina en enero de 2009.

Al rendir sus conclusiones, en abril de 2012, el buró declaró que, al tener el estatuto de «Estado observador» en el seno de la ONU, la AP no gozaba de la competencia para depositar una demanda ante la CPI.

Seis meses después de esta decisión, el 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General de la ONU reconoció a la AP como «Estado observador no miembro» de la institución internacional.

El 6 de enero, la Asamblea General autorizó la adhesión de la AP al Estatuto de Roma, el cual le permitió acceder a la CPI, convirtiéndose en el 123 país Estado parte de su jurisdicción.

Cabe destacar que al interponer su demanda ante la CPI, el presidente de la AP, Mahmud Abbás, expuso no sólo a Israel al examen del órgano internacional, sino también a las organizaciones terroristas palestinas.

Los analistas ven en la jugada de Abbás una forma de presionar a Israel. El 31 de diciembre anterior, el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó una resolución palestina - apoyada entre otros por la Liga Árabe - que planteaba un acuerdo de paz, el cual a su vez preveía el retiro de los asentamientos israelíes de Cisjordania en 2017.

Ante la negativa de la instancia internacional, la delegación de la AP anunció que convocaría a la CPI.

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