La Fiscalía española pidió al juez José de la Mata anular la orden que dio a las fuerzas de seguridad de informarle si el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, pisa suelo español, para reabrir la causa contra él por el ataque a la flotilla turca.
El fiscal hizo la petición al estimar que la norma dictada por el juez, que además de Netanyahu afecta a seis ex ministros israelíes, «sólo puede valorarse como medida cautelar» contra los querellados, no tiene apoyo legal y es «difícil de ejecutar» al no estar contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Sin embargo, De la Mata, juez de la Audiencia Nacional, rechazó la petición y recordó a la Fiscalía que en su día no recurrió la decisión en la que acordaba esta medida, es decir, el documento de archivo del ataque a la flotilla en 2010, en el que murieron nueve personas.
En ese documento, De la Mata interrumpía temporalmente la causa en aplicación de la reforma de la justicia universal, pero ordenaba su reapertura en el caso de que Netanyahu y los otros ministros llegaran a España, ya que entonces sí sería de aplicación su jurisdicción.
El juez recordó además a la Fiscalía que solicitó la confirmación de ese archivo cuando la asociación que impulsó esta causa, Cultura Paz y Solidaridad Haydee Santamaria, recurrió el aplazamiento.
Por lo tanto, señaló el magistrado, esa decisión, que fue avalada por la Sala de lo Penal, fue «devenido firme», razón por la que el recurso de reforma que ahora interpone el fiscal «resulta extemporáneo».
«El fiscal no sólo consintió, sino que expresamente solicitó por dos veces su confirmación» y por ello no se puede pretender que se modifique una resolución que ya es firme, argumentó el juez.
De la Mata explicó además que en su auto de archivo «no se adoptaron ni acordaron medidas cautelares contra esas personas: lo que se hizo es dar cumplimiento exacto a la obligación imperativamente impuesta por el cuarto convenio de Ginebra», que regula la protección de personas civiles en tiempo de guerra.
«Par poder cumplir esta obligación internacional es evidente la necesidad de que, a tales efectos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado comuniquen a este juzgado central de instrucción, de inmediato, la posible presencia en territorio español de las personas mencionadas en la resolución», reiteró el juez.
Los afectados son Netanhayu y los entonces ministros de Defensa, Ehud Barak; Exteriores, Avigdor Liberman; Asuntos Estratégicos, Moshé Yaalón; Interior, Eli Yishai; el ministro sin cartera Benny Begin, y el vicealmirante al mando de la operación, Eliezer Marón.
El pasado 15 de octubre, el juez acordó expedir a la Policía Nacional y a la Guardia Civil Española este mandato contra estas siete personas, que fue duramente criticado por Israel, al considerar que «se trata de un fenómeno de provocación política».
«Es un uso, un abuso cínico del sistema legal español», afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Emmanuel Najshón.
Netanyahu y los seis ex ministros fueron imputados en la causa que abrió la Audiencia Nacional a raíz del ataque perpetrado por las fuerzas de seguridad hebreas el 31 de mayo de 2010 a la flotilla de que se dirigía a Gaza para romper el bloqueo israelí. El ataque provocó la muerte de nueve personas de nacionalidad turca y heridas a otras 38.
Además de los activistas turcos abatidos fueron arrestados tres cooperantes españoles que viajaban a bordo del Mavi Marmara, quienes presentaron una querella contra varios dirigentes israelíes.
La investigación fue abierta por el predecesor del juez De la Mata a partir de esa querella, que admitió estimando que los hechos podrían constituir delitos de detención ilegal, deportación, tortura y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
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