Esta es la última semana en la que Dorit Beinish preside la Corte Suprema de Justicia de Israel y nada podía ser más significativo para su despedida que su veredicto de derogar la «Ley Tal», que exime a los jóvenes ultraortodoxos del servicio militar, por considerarla inconstitucional y discriminatoria, y que pretendía ser prolongada por el Gobierno y la Knéset.

En un Estado sin Constitución Nacional, donde muchos de sus principales dirigentes se encuentran más cerca de sus ambiciones personales que de las necesidades de los ciudadanos que los eligieron para liderar, vamos a extrañar mucho a la juez Beinish, una verdadera demócrata, infatigable en su lucha por los derechos humanos.

Luego de servir en Tzáhal como oficial y de acabar sus estudios en Derecho, Beinish comenzó su carrera en el ministerio de Justicia donde permaneció 28 años y llegó a desempeñarse como Fiscal del Estado y a jugar un papel fundamental en el desarrollo de algunos de los más difíciles casos del país, cuyos efectos se mantienen hasta hoy.

En dicho cargo, Beinish se esforzó por hacer cumplir la ley sin discriminación; encabezó una guerra implacable contra la corrupción en general y la gubernamental en particular, tratando de garantizar que las instituciones nacionales, especialmente las fuerzas de seguridad, cumplan las leyes y protejan los derechos civiles.

Beinish representó al Estado de Israel ante la Corte Suprema en una innumerable variedad de casos, especialmente significativos, en la que fue influyente en la conformación de la política del país de proteger sus valores democráticos.

Durante su período como Juez de la Corte Suprema, dictó decisiones sumamente importantes relacionadas con la protección de los derechos humanos y su equilibrio con los intereses públicos, incluidas las necesidades de seguridad, de conformidad con las normas internacionales y siempre analizando el alcance constitucional del derecho a la dignidad humana.

Junto al presidente del Tribunal Supremo, Aharón Barak, promovió la revisión judicial en los procedimientos del Parlamento y de las diversas actividades de la rama ejecutiva a la luz de las normas constitucionales y administrativas, entre ellas la discriminación, la irracionalidad, la falta de proporcionalidad, la interpretación del derecho penal y la decisión en casos de delitos sexuales.

Entre sus notables sentencias se encuentra su decisión por la cual los padres no pueden usar el castigo corporal bajo ningún concepto ya que éste «viola el derecho del niño a su dignidad y a su integridad física».

Beinish juró como presidente de la Corte Suprema, después de haber sido votada en forma unánime, siendo la primera mujer en la historia de Israel en ocupar ese puesto, y se encargó de salvaguardar la independencia del sistema judicial israelí, de velar por su carácter apolítico y de promover la independencia institucional del sistema.

Allí destacó los mismos principios por los cuales luchó en su carrera pública, junto con su creencia acerca del rol de la Corte Suprema en una sociedad democrática para proteger los derechos civiles y humanos, con especial atención en los de las mujeres y los niños, poblaciones socialmente vulnerables, e hizo hincapié en la importancia de la revisión judicial de las actividades del poder ejecutivo, incluidos los servicios de seguridad, así como la importancia de seguir manteniendo el estado de derecho.

Esta semana, argumentando la derogación de la Ley Tal, Beinish afirmó que el dictamen «viola el principio de igualdad como parte del derecho a la dignidad, además de no respetar los criterios de proporcionalidad», y acusó al Estado de «no haber logrado en nueve años implementar la ley en su conjunto y fomentar la participación de los jóvenes judíos ultraortodoxos en el Ejército o en un servicio civil sustitutorio». Además agregó que «Durante este período, de 61.877 personas de ese sector, sólo 898 se alistaron y otros 1.122 aceptaron hacer un corto servicio social; los números hablan por si solos».