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Corte Suprema israelí rechaza aplazar demolición de Migrón

MigrónLa Corte Suprema de Israel rechazó la petición del Estado para demorar la demolición del asentamiento cisjordano de Migrón por tres años y medio ya que «todos están sujetos a la ley».

Sin embargo, la Corte Suprema dictó que el asentamiento debe ser evacuado para el 1 de agosto.

Migrón fue calificado como ilegal por la Corte Suprema en 2011, luego de decidir que el asentamiento, hogar de unas 300 personas, fue construido en terrenos palestinos privados y que sería demolido este mes.

A principios de mes, el gobierno del primer ministro Netanyahu negoció un acuerdo con los residentes de Migrón que retrasaría la demolición.

El Estado pidió a la Corte Suprema una extensión de tres años y medio para dar tiempo a los residentes de trasladarse a un sitio permanente ubicado a sólo dos kilómetros de distancia.

«Esta es una oportunidad para decir que el Gobierno de Israel, al igual que todos los ciudadanos de Israel, respeta las decisiones y los actos de la corte de conformidad con la ley israelí. Algunas veces, incluso lo obvio debe ser señalado», dijo Netanyahu.

Los residentes de Migrón lamentaron el resultado y afirmaron que su asentamiento no es ilegal.

«Confiamos en que el ministro representante del gobierno, Zeev Binyamín Begin, encontrará una solución adecuada a la situación en la cual el Estado envía a sus ciudadanos leales a colonizar la tierra y la corte ordena su desalojo», dijo el vocero de Migrón, Itai Chamo, al periódico The Jerusalem Post.

Sin embargo, los jueces Asher Grunis, Mirian Naro y Salim Joubran, quienes rechazaron la petición del gobierno, defendieron su decisión al argumentar que «nadie tiene autoridad para permitir la construcción de un asentamiento en terrenos privados».

El asentamiento de Migrón fue construido en 1999 y en 2006 el grupo «Paz Ahora» presentó una petición a la Corte Suprema para pedir su demolición.

Luego de la decisión de la corte en 2011, una serie de incidentes violentos contra el Ejército israelí y los activistas de izquierda fueron presuntamente cometidos por los colonizadores para protestar por la inminente demolición.

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