La Corte Suprema de Israel rechazó la apelación de dos reclusos palestinos en prisiones israelíes con el argumento de que las detenciones administrativas por las cuales protestan los prisioneros son legales, aunque recomendó al Estado aplicar tales detenciones «lo menos posible».

Los prisioneros, Bilal Diyab y Taer Halale, a los que Israel considera sospechosos de delitos contra la seguridad, mantuvieron una huelga de hambre por más de dos meses para protestar por sus detenciones administrativas y por el derecho a tener acceso a información clasificada relacionada con sus arrestos.

Este tipo de detenciones permite a las autoridades israelíes mantener prisioneros sin juicio por un periodo ilimitado de tiempo.

Los reclusos son parte de un grupo de 1.500 palestinos en huelga de hambre, la mayoría de los cuales iniciaron su protesta a principios de este mes.

Los reclusos palestinos reclaman por la política de detención de Israel, por el confinamiento solitario y por la reducción de privilegios como la utilización de teléfonos celulares y televisores en las celdas.

Sin embargo, los jueces de la Corte Suprema que fallaron en contra de la apelación también sugirieron al gobierno revisar «la posibilidad de dar acceso a la información calsificada a un jurista aceptable para los detenidos que podría ser un ex jurista civil reconocido o un juez».

La protesta en curso podría forzar a las autoridades israelíes a alcanzar acuerdos con los presos ya que su salud se deteriora a medida que avanzan las semanas.

Un médico de la agrupación Médicos por los Derechos Humanos dijo la semana pasada a medios locales que la salud de Diyab y de Halale se encontraba en riesgo serio luego de dos meses de huelga de hambre, aunque una vocera del Servicio Penitenciario de Israel confirmó que ambos reciben atención y son supervisados constantemente.

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