Israel quiere dejar claro que su derrota diplomática en la ONU va a pasar factura. Naciones Unidas aceptó a Palestina como Estado observador y, como represalia y después de varias semanas de amenazas, el Gobierno israelí confiscó la asignación mensual que transfiere a los palestinos en concepto de impuestos recaudados. Son algo más de 140 millones de dólares, lo que supone más de la mitad del presupuesto con que cuenta la Autoridad Palestina y el Gobierno del primer ministro Salam Fayyad, que en el último año atraviesa una severa crisis de liquidez.
No es la única medida que Israel impone tras el reconocimiento por la ONU de Palestina. El primer ministro Binyamín Netanyahu anunció la construcción de 3.000 nuevas viviendas en asentamientos judíos de Cisjordania y Jerusalén Oriental en una área conocida como E1 que bloquearía la continuidad territorial del futuro Estado palestino.
La confiscación es una medida unilateral en línea con las amenazas que habían vertido funcionarios israelíes si seguía adelante la campaña palestina en busca de reconocimiento internacional en la ONU, que Israel considera que vulnera los Acuerdos de Oslo.
El ministerio de Finanzas israelí recauda todos los meses las tasas y aranceles aduaneros de los productos que entran al territorio palestino bajo su control, así como de operarios palestinos que trabajan en Israel.
El Gobierno de Jerusalén resolvió que la recaudación de noviembre, que debe ser transferida al Ejecutivo palestino alrededor del día 5, sea empleada para pagar la deuda de unos 700 millones de shékels (184 millones de dólares) que la Autoridad Palestina acumuló en los últimos años con la compañía eléctrica de Israel.
Fuentes diplomáticas israelíes explicaron que el ministro de Finanzas, Yuval Steinitz, no cobraba la cuenta de la luz en un «gesto de buena voluntad» hacia la Autoridad Palestina, pero que después de la votación en la ONU, no existe razón para no hacerlo. Israel congeló en el pasado transferencias de fondos palestinos en respuesta a disensiones políticas, lo que le valió duras críticas por parte de la comunidad internacional.
Anteriormente, el gabinete de Netanyahu rechazó oficialmente el contenido, las consecuencias y las interpretaciones que se desprendan del texto de la resolución 67/191 de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la aceptación de Palestina como Estado observador no miembro.
En su primera reunión desde la votación en la ONU, los ministros israelíes defendieron de forma unánime «el derecho natural, histórico y legal del pueblo judío a su tierra y a su capital eterna, Jerusalén».
«La respuesta al ataque al sionismo y al Estado de Israel debe ser reforzar y acentuar la implementación del plan de asentamientos en todas las zonas en las que el Gobierno decida», manifestó Netanyahu.
«Hoy estamos construyendo y seguiremos construyendo en Jerusalén y en todas las zonas que están en el mapa de los intereses estratégicos del Estado de Israel», afirmó.
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