La Corte Suprema israelí analizó una ley que permite al Estado confiscar propiedades en Israel de residentes en Cisjordania, y que según los críticos, está destinada a la expropiación de parcelas e inmuebles a palestinos de Jerusalén.
La legislación fue sometida a debate tras una demanda interpuesta por el Estado ante el Tribunal Supremo para invalidar una jurisprudencia de una corte de distrito que dictaminó que no fuera implementada en Jerusalén, informó el diario «Haaretz».
De acuerdo al rotativo, al menos dos fiscales generales y un tribunal de distrito mostraron su oposición a la norma a lo largo de los años.
La legislación afecta en particular a palestinos residentes de Jerusalén Oriental que perdieron sus propiedades tras desplazarse fuera de los perímetros municipales de la ciudad.
En algunos casos, los propietarios fueron declarados ausentes por desplazarse a pocos metros de sus propiedades y residir en zonas más allá de los límites de la capital israelí.
La Ley de Propiedad de personas Ausentes, que data de 1950, permite al Estado controlar propiedades vacías que quedaron en territorio israelí al finalizar la Guerra de Independencia en 1949.
En virtud de la misma, cualquier persona que residía en un país enemigo o fuera de Israel era consideraba ausente y su propiedad quedaba bajo responsabilidad de la Custodia de la Propiedad de personas Ausentes, hoy en día un organismo perteneciente al ministerio de Justicia.
Tras la Guerra de los Seis Día, en la que Israel unificó Jerusalén, los residentes del territorio conquistado a Jordania que tenían propiedades en la ciudad fueron considerados como ausentes, a pesar de no haber abandonado nunca sus hogares.
De acuerdo a grupos de derechos humanos nacionales e internacionales, la legislación se convirtió en una herramienta en manos de grupos políticos de ultraderecha israelíes para aumentar la presencia judía en Jerusalén Oriental.
Organizaciones nacionalistas hebreas solicitaron en varias ocasiones la expropiación de inmuebles a palestinos residentes en Cisjordania que los alquilaban de la Custodia, generalmente por una cantidad simbólica.
Así es cómo muchos habitantes de asentamientos judíos se hicieron con viviendas de palestinos en Jerusalén Oriental, apuntó «Haaretz».
Numerosos funcionarios judiciales consideran la aplicación de la legislación en Jerusalén como legal pe moralmente problemática.
A diferencia de palestinos que abandonaron sus propiedades en las distintas guerras con el Estado hebreo, los propietarios de Jerusalén Oriental se encuentran en territorio bajo control militar israelí, y en muchas ocasiones residen a pocos metros del inmueble que se les fue expropiado.
El periódico evaluó que la Corte Suprema tardará algunos meses en dictaminar su opinión.