El debate en el Parlamento israelí sobre la llamada «ley de nacionalidad» acerca de la naturaleza judía del Estado agudizó la crisis entre los diferentes partidos que integran la coalición gubernamental y podría llevar a desintegrarla.

El Gobierno del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, se mostró a favor, con disidencias, de enviar a la legislatura un proyecto de ley que pretende cambiar esa línea a «la tradicional patria del pueblo judío», reforzando el carácter judío de la nación.

La versión original del proyecto de ley fue redactada por los parlamentarios Zeev Elkin y Yariv Levín del partido Likud, el mismo del primer ministro.

Hasta ahora las leyes fundamentales israelíes (equivalente a una Constitución, junto con decisiones jurídicas y la Declaración de Independencia de 1948) definen al Estado del Israel como «judío y democrático».

De hecho, Israel se le conoce como «el Estado judío», pero siempre fue una definición que rebaten quienes consideran que una democracia debe ser laica y amparar el derecho a la autodeterminación de las minorías.

Todavía no es ley y, de hecho, por las tensiones dentro de la coalición del Gobierno, su tratamiento parlamentario quedó aplazado por lo menos una semana.

¿Qué significa que Israel se convierta en una «nación judía», o sea, en un Estado confesional por encima de la democracia?

«Ante todo, que las orientaciones de la mayoría de sus normas, leyes y políticas estén destinadas a favorecer a las personas que profesan el judaísmo», afirmó el ex ministro de educación, Amnón Rubinstein, profesor de Derecho Constitucional en el Centro Interdisciplinario Herzlía».

«El marco legal israelí mezcla las costumbres de las leyes británicas heredadas del tiempo del Mandato con normativas cristianas, judías y musulmanas», agregó.

La ministra de Justicia, Tzipi Livi, y el titular de Finanzas, Yair Lapid, se oponen a la normativa. En caso de que votasen en contra de ella en el Parlamento, Netanyahu se vería obligado a destituirlos.

El problema es que en Israel habitan al menos 1,9 millones de personas que son árabes (un 20% de la población) y que son de otra religión. Asimismo, un gran porcentaje de inmigrantes que llegaron de los países de la ex Unión Soviética no son considerados judíos según la Halajá (ley rabínica ortodoxa).

Por eso, la posibilidad de que en vez de ser un Estado democrático, sea un estado confesional despertó el temor de que la normativa termine privilegiando la naturaleza judía de Israel y que institucionalice la discriminación en contra de las minorías no judías.

Los partidos de centro e izquierda calificaron la idea como un «crimen contra la convivencia».

El asesor jurídico del Gobierno, Yehuda Weinstein, se mostró crítico de que algo así pueda ocurrir. Dijo que la propuesta pone en riesgo el carácter democrático del Estado.

Entre otros puntos contenciosos del potencial proyecto se encuentra la idea de que el árabe deje de ser uno de los idiomas oficiales del Estado, junto con el hebreo, y se convierta un una lengua con estatus especial.

Nahum Barnea, columnista de «Yediot Aharonot», consideró que la propuesta es inoportuna y contraproducente dado el clima de tensión que se vive en Jerusalén, escenario desde hace un mes de ataques mortales de palestinos, agresiones racistas de ultranacionalistas judíos a ciudadanos árabes y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

También se cree que prevé dar carácter legal a elementos que están vigentes por tradición, como el respecto de las festividades judías.

Uno de los puntos que podría generar más problemas es uno que plantea la posibilidad de que los lugares sagrados sean declarados parte integral de Israel.

Hoy en día, por ejemplo, el Monte del Tempo en Jerusalén tiene un estatus especial bajo la responsabilidad de la monarquía hachemita de Jordania. La insistencia de judíos nacionalistas ortodoxos de obtener mayor acceso para rezar en el lugar es uno de los  elementos que alimenta los recientes choques entre judíos y musulmanes en la capital.

No obstante, todo dependerá de cómo se redacte el texto final de la norma, no sólo en el caso de ese punto, sino en todos.

La polémica en torno a la propuesta de cambios sacaron a la luz las profundas diferencias que hay dentro del gabinete de la coalición de Netanyahu.

Sin embargo, para complicar las cosas aún más, otras versiones indican que lo votado por el Gobierno el domingo es la aprobación en principio de una idea en torno al cambio de la ley, pero no un texto concreto, que se espera que sea difundido en los próximos días y que sí pordría terminar equilibrando lo «judío» con lo «democrático».

Además, una vez redactada, todavía deberá pasar por tres votaciones en el Parlamento para ser aprobada o rechazada.

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