Tres diputados de partidos integrantes de la coalición gubernamental israelí, Yariv Levín del Likud, Ayelet Shaked de Habait Haiehudí y Ruth Calderón de Yesh Atid, presentaron en primera lectura un proyecto de ley que confiere a la Declaración de Independencia el estatus legal de una ley básica, estableciendo formalmente a Israel como Estado judío. El proyecto fue propuesto en el marco de un esfuerzo conjunto de las tres facciones políticas. Se trata de la primera vez que se le pide al Parlamento hebreo que transforme en ley el carácter judío de Israel.
En una entrevista con el Canal 10 israelí, Levín explicó que en ausencia de una constitución, la Declaración de Independencia es un documento legal que establece principios básicos muy importantes concernientes a la identidad del Estado.
El proyecto establece formalmente que el Estado de Israel es el Estado del pueblo judío.
Israel se comprometió como Estado democrático a salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos más allá de raza, religión o sexo.
«La Declaración de Independencia afirma explícitamente que Israel es concebido como un Estado judío que también está comprometido con los derechos de igualdad», agregó Levín.
«La Declaración de Independencia es un documento equilibrado judío y democrático basado en los principios de justicia e igualdad que no es menos relevante hoy de lo que lo fue en el momento en que fue escrito. Si no fijamos los principios según los cuales queremos vivir, otros lo determinarán por nosotros», añadió.
El diputado Mohamed Barakeh, del partido Hadash, condenó la propuesta. «No necesitamos más leyes orientadas a establecer la hegemonía de la mayoría; sino que debemos proteger a las minorías de la furia del racismo. El Parlameto se convirtió en una máquina de legislación racista», aseveró.
Expertos en Derecho Constitucinal explicaron que dicho proyecto legislativo contradice la ley básica denominada «El honor del individuo y su libertad», aprobada por amplia mayoría en el Parlamento hace varios años.
Estos expertos evaluaron que la propuesta no será aceptada, pero en caso de aprobarse, seguirá siendo la Corte Suprema quien decida en los pleitos posibles que se presentarán por el antagonismo entre dos leyes básicas.
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