La Knéset (Parlamento israelí) aprobó nuevas y severas penas en contra de infiltrados que ingresan al país sin autorización legal y de los israelíes que los ayudan, para contener el flujo de africanos que día a día entran al país a través de la larga frontera con Egipto.

El proyecto de ley posibilita sentenciar a cadena perpetua a infiltrados no autorizados por delitos contra la propiedad y detenerlos hasta por tres años sin ser enjuiciados. Cualquier persona que sea atrapada ayudándolos podría enfrentar una pena de entre cinco a 15 años de prisión.

Los críticos consideran la ley un atropello inconstitucional de los derechos humanos. Acusan al gobierno de no lograr diseñar una política coherente y humana en contra de la inmigración ilegal que resuelva un asunto que con el paso de los años resulta cada vez más urgente.

El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, que llamó al elevado número de infiltrados irregulares un "flagelo nacional", votó a favor de la propuesta. Su vocero, Mark Regev, dijo que la legislación forma parte de una "estrategia de varios niveles para hacer frente al reto de la inmigración ilegal en Israel".
Sin embargo, Regev se negó a comentar sobre las inquietudes de los opositores de la nueva ley.

Los africanos empezaron a ingresar a Israel a través de su porosa frontera del sur con el desierto del Sinaí después de que las fuerzas de seguridad de Egipto acallaron violentamente una protesta de un grupo de refugiados sudaneses en 2005, matando al menos a 20.

El gobierno israelí calcula que cerca de 50.000 africanos ingresaron a su territorio sin autorización desde entonces. La gran mayoría, según las autoridades, llegan en busca de mejores condiciones de vida y no huyen de la persecución política.