La decisión de la Corte Suprema israelí de declarar inconstitucional la «Ley Tal» que exime del servicio militar obligatorio a los judíos ultraortodoxos provocó el rechazo de ese colectivo, aunque no parece poner en peligro la continuidad de su apoyo al gobierno de Netanyahu.

El vice primer ministro Eli Yishai, presidente del partido ultraortodoxo sefardí Shas, uno de los más relevantes socios del ejecutivo de coalición, rebajó las conjeturas sobre una posible crisis de gobierno al aclarar que la decisión judicial no supondrá el fin automático de su colaboración con Netanyahu.

Sin embargo, también dejó claro que el primer ministro deberá encontrar otro mecanismo que garantice que los ultraortodoxos puedan seguir dedicando su vida íntegramente al estudio de la Torá en los seminarios religiosos.

Yishai, que se reunió anoche con el primer ministro inmediatamente después del fallo judicial para tratar la cuestión, señaló que «ahora que los jueces del Supremo decidieron que la Ley Tal no es satisfactoria, planificaremos una nueva ley junto con el ministerio de Defensa y el de Justicia», informó la radio Kol Israel.

El líder del Shas destacó que «la contribución de los estudiantes rabínicos al pueblo judío y al Estado de Israel es obvia para cualquier creyente ».

Anoche, el Supremo derogó la Ley Tal, que exime a los jóvenes ultraortodoxos dedicados al estudio de los entre dos y tres años obligatorios de servicio militar a que están obligados el resto de israelíes, salvo la minoría árabe, que supone un quinto de la población.

La corte consideró que la ley, aprobada en 2002 con el objetivo de integrar voluntaria y gradualmente en el Ejército a los llamados «estudiantes eternos», era inconstitucional y discriminatoria.

La norma «viola el principio de igualdad como parte del derecho a la dignidad, además de no respetar los criterios de proporcionalidad», argumentó la presidenta de la Corte Suprema, Dorit Beinish.

Beinish acusó al Estado de no haber logrado en nueve años implementar la ley en su conjunto y fomentar la participación de los ultraortodoxos más religiosos en el Ejército o en un servicio civil sustitutorio.

En este período, de 61.877 personas, sólo 898 se alistaron y otros 1.122 aceptaron hacer un corto servicio social.

La Ley Tal, que expiraba en agosto y que el Gobierno se planteaba renovar, permite a estos estudiantes elegir entre continuar con sus estudios o alistarse para un servicio reducido tras cumplir los 22 años. También les garantizaba que, una vez casados, pudiesen trabajar sin riesgo de ser reclutados.

Netanyahu confirmó que el Gobierno trabajará en la aprobación de una nueva ley, que tendrá como objetivo que «todos los segmentos de la sociedad israelí compartan la carga del servicio militar».

El ministro de Exteriores y líder del partido ultraderechista Israel Beitenu, Avigdor Liberman, se felicitó por la decisión judicial y advirtió de que los esfuerzos para prolongar la Ley Tal o buscarle un sustitutivo son «una pérdida de tiempo».

«No hay contradicción entre la Torá y el esfuerzo nacional», declaró Liberman, que agregó que no ve «ningún motivo por el que un ultraortodoxo no pueda sentarse frente a un ordenador en el Ejército y hacer su contribución al país».

Liberman, que abogaba por la derogación de la ley, recordó que «incluso los más grandes rabinos y sabios siempre trabajaron».

Israel Beitenu redactará su propia propuesta de ley, destinada a garantizar que todos los israelíes cumplan con la obligación de servir en el Ejército pero que contemplará algunas limitadas excepciones.

La exención del servicio militar de estos jóvenes es uno de los asuntos más espinosos en la sociedad israelí debido a que la mayoría de ellos, al estudiar, tampoco paga impuestos y por lo tanto su contribución al Estado es casi nula.

A la vez, reciben generosas ayudas de las arcas públicas por estudiar, hijos y otras prestaciones sociales, lo que indigna aún más a los judíos laicos.

El principal partido de la oposición, Kadima, también mostró su satisfacción y anunció que presentará su propia iniciativa.

Alguno estudiantes rabínicos advirtieron de que, más allá de que haya o no una nueva ley, ellos se negarán a dejar de lado sus estudios religiosos para servir en el Ejército.

El fallo del Tribunal Supremo también reavivó el tradicional enfrentamiento con los ultraortodoxos, que consideran que sus jueces intervienen demasiado en la agenda política nacional mediante la derogación de leyes, generalmente hechas a la medida de esta comunidad.