El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, decidió posponer el plan de reasentamiento de decenas de miles de beduinos en el desierto del Neguev, una decisión que había provocado serias discusiones en todo el espectro político.La llamada iniciativa Prawer, que sustenta el desplazamiento de hasta 40.000 beduinos, también fue duramente criticada por partidos de la coalición gubernamental de Netanyahu, al considerar que ofrecía una compensación demasiado alta a los beduinos asentados ilegalmente.
El ex ministro israelí, Benny Begin, uno de los artífices de la propuesta, junto a un asesor gubernamental Yehuda Weinstein, afirmó en una rueda de prensa que Netanyahu aceptó su sugerencia de paralizar el debate del proyecto de ley, por lo que se eliminaría de la agenda del Parlamento.
Begin, quien fuera ministro del gobierno anterior de Netanyahu, rechazó que el plan fuera desechado por las manifestaciones en su contra que tuvieron lugar en Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. «No hay mayoría en la coalición para apoyar este proyecto de ley», se limitó a decir.
El ex ministro indicó que Netanyahu también aceptó «llevar a cabo el plan de desarrollo para los asentamientos beduinos en los próximos años», lo que sugiere que el proyecto será revisado y no eliminado.
El Ejecutivo israelí introdujo en el Parlamento a principios de año su propuesta para trasladar a los beduinos desde sus aldeas no reconocidas legalmente a siete asentamientos, asegurando que con ello mejorarían se mejoraría su nivel de vida y el desarrollo del desierto del Neguev.
La mayoría de los beduinos rechazaron cualquier intento de desplazarlos de sus casas y afirmaron que el Gobierno israelí podría optar por autorizar las comunidades ya existentes y proporcionarles mejores escuelas, electricidad, agua y carreteras.
El proyecto de ley se estancó en la Comisión de Interior del Parlamento, en la que los miembros de derecha, incluido el propio jefe de la coalición del Likud, el partido de Netanyahu, Yariv Levín, se opusieron a la opción de ofrecer dinero y terrenos en propiedad a los afectados, mientras que los de izquierda criticaron que el objetivo era echarlos a fin de disponer de más espacio para construir poblaciones hebreas.
El plan causó muchas protestas y condenas, incluyendo la de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien lo describió como «discriminatorio».
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