En la acusación, detalla la Fiscalía como funcionaba el sistema entre la máxima autoridad municipal y los constructores locales y como actuaba el implicado para asegurar los intereses de ellos en la Comisiones de Planificación y Construcción, tanto la municipal como la regional.
La documentación acumulada podría motivar la inmediata renuncia del intendente, después de 22 años en esa posición. La oposición exige que Bar renuncie ya y se retire de todos los organismos económicos de la Municipalidad, e incluso deje la Intendencia, basándose en el fallo de la Suprema Corte de diciembre último: "Dadas las circunstancias, corresponde que un funcionario público no continúe en el ejercicio de sus funciones, incluso si aún no se presentó formalmente la querella judicial, si el cúmulo de pruebas administrativas justifican este paso".