Hay indisimulable alegría entre los procesados en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA.  En las próximas audiencias, el gesto adusto y preocupado de la mayoría de los imputados mutará en expresión relajada, con renacida confianza en el futuro que - ahora avisoran - les será promisorio,  tras el resultado de la primera vuelta de las elecciones nacionales. Razones no les faltan. Y con unos pocos ejemplos pueden comprenderse los motivos de tanta esperanza en el balotaje.

Según establecieron distintos jueces de primera y segunda instancia, y hasta el propio fiscal Alberto Nisman, uno de los pilares del encubrimiento fue el ocultamiento de la pista sirio-local centrada en el amigo de Menem, Alberto Kanoore Edul. Uno de los imputados por ese hecho de obstrucción de la investigación resultó ser el comisario «Fino» Palacios, encausado al igual que Menem y otros poderosos personajes de los '90.     

Surge del pedido de procesamiento que había efectuado el fiscal Nisman - aceptado y reformulado por el juez Federal Ariel Lijo - que Palacios fue el 1 de agosto de 1994 brazo ejecutor de la orden emanada de Carlos Menem a través de su hermano Munir de parar los allanamientos en marcha y toda investigación sobre el ciudadano de origen sirio, que junto a otros aparecía en el centro de la red criminal, y cuyo padre era íntimo de la familia presidencial. Fue una de las gigantescas maniobras de eliminación de pruebas esenciales para la investigación de la masacre de 85 personas, en virtud de las cuales el gobierno de Menem, con la ayuda de la propia dirigencia judía, logró impedir que se supiera la verdad.

El otro eje del juicio por encubrimiento actualmente en curso, vinculado con lo anterior, es el pago de un soborno de más de 400.000 dólares a Carlos Telleldín para comprarle una declaración mediante la cual se desviaba la investigación hacia un grupo de indefendibles policías bonaerenses. Además del propio Menem y de altos funcionarios de inteligencia de su gobierno, se encuentra imputado el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja por su apoyo a la maniobra. 

Según se ocupó de advertir Beraja en su reciente indagatoria, todos sus actos relativos a la causa contaban con el previo conocimiento y consentimiento de la comisión directiva de DAIA de entonces. Ello explicaría la cerrada defensa de su gestión que continúan expresando varios dirigentes judíos que se destacaron en aquellos años.

Esa misma dirigencia que defiende a Beraja, homenajeó al «Fino» Palacios el 16 de noviembre de 2001, y lo defendió cuando el entonces intendente de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, lo propuso como jefe de la policía metropolitana. Macri, en defensa de su candidato, recordó que Palacios fue un policía muy condecorado. Y que sus colaboradores consultaron a la SIDE de la Argentina, la DEA y la CIA de Estados Unidos y al Mossad de Israel.

El ex presidente de DAIA, José Hercman, avaló entonces al intendente mencionando que su institución lo distinguió precisamente «por sus aportes a la investigación del atentado» (SIC). El 8 de julio de 2009 tres ex altos directivos de la DAIA además concurrieron a la sede del gobierno de la ciudad para testimoniar a favor del nombramiento del «Fino» Palacios al frente de la policía de Macri y sostuvieron que las denuncias en su contra tenían origen «político», utilizando idénticos términos a los empleados por el jefe de gobierno porteño. El ex presidente de DAIA y abogado de Fernando De la Rúa (investigado por las muertes de diciembre de 2001 al igual que Palacios), Jorge Kirszembaum, dijo que Palacios había demostrado capacidad, honestidad e idoneidad para el cargo elegido por Macri. Kirszembaum es además infatigable apologista del imputado Beraja.  

Por su parte, José Hercman cuestionó a los sectores que «pretenden ensuciar la imagen de una persona con prácticas que se asemejan a las de la Inquisición», y Roberto Zaidemberg, también ex dirigente berajista, calificó a Palacios como «una bellísima persona con una trayectoria impresionantemente eficaz y limpia en la policía». Días después se publicó la designación del nuevo jefe policial en el Boletín Oficial.

Sin embargo, las incesantes demostraciones públicas de disconformidad y las persistentes críticas de los familiares de las víctimas, determinaron a Palacios a presentar su renuncia, la que luego de algunos cabildeos le fue aceptada el 25 de agosto de 2009.  

Tras ello, el 1 de octubre de 2009, el Juez Federal Ariel Lijo, en un fallo de más de 300 páginas, dispuso el procesamiento de Palacios por su participación en maniobras de encubrimiento y eliminación de pruebas de la llamada «pista siria», pista que según Menem y Beraja «es un invento».  
      
Mientras tanto, ¿qué hicieron los colaboradores de Macri con este «problemita»?. Primero intentaron desactivar la protesta transmitiendo que no era cierto que el intendente pensara nombrar a Palacios al frente de la policía. El encargado de engatusar a los familiares de las víctimas fue el ex director ejecutivo de DAIA y luego director del área de «derechos humanos» del gobierno de Macri, Claudio Avruj. Pero las protestas se reiniciaron cuando se advirtió la maniobra. Entre los familiares que se oponían al nombramiento se encontraba Sergio Burstein.

Burstein integró la comitiva que viajó a Nueva York acompañando a Cristina Kirchner en su presentación ante la Asamblea General de la ONU, en la cual la presidenta denunció la falta de colaboración de Irán con la Justicia argentina en la pesquisa del atentado. El 22 de septiembre de 2009, mientras Burstein estaba en Estados Unidos, su hija de 18 años recibió en su casa un llamado anónimo en el que le advertían que su papá tenía el teléfono «pinchado» por «Fino» Palacios.

Tras la denuncia y la corroboración judicial de que efectivamente ese teléfono había sido intervenido, el propio Macri resultó imputado - y luego procesado - al descubrirse una extensa red de escuchas sobre distintas personas,  cuyas grabaciones eran retiradas por Ciro James, un personaje de confianza de Palacios, que fue contratado sin justificación en el Gobierno de la Ciudad.    

En el mes de junio de 2010 se conoció que Macri visitaría la AMIA, ante lo cual Burstein anunció que un grupo de familiares no permitiría que depositara un ramo de flores en homenaje a las víctimas por ser un acto de hipocresía,  y acusó de traidoras a las autoridades de la AMIA que pensaban admitirlo. En respuesta, el rabino Sergio Bergman pidió por carta a la AMIA sanciones contra Burstein. El encuentro con las autoridades de la mutual se hizo entonces en la sede del Gobierno porteño. Por aquellos días, el rabino Bergman, como titular de la «Fundación Argentina Ciudadana» firmó un convenio con el jefe del gobierno porteño para «colaborar en la política de seguridad de la ciudad». Lejos quedaron los tiempos de «Memoria Activa».

Al año siguiente, Bergman se incorporó, ya formalmente, a las filas del PRO de Mauricio Macri, encabezando la lista de diputados de dicha fuerza para la ciudad de Buenos Aires, por la que fue electo el 10 de julio de 2011.  

Bergman no fue el único personaje que usó su actividad comunitaria para saltar a las filas del partido que promocionó a encubridores del atentado. La última incorporación del PRO fue la del videpresidente de la DAIA, Waldo Wolff, en junio de 2015, para ingresar como diputado provincial, luego de meses de usar la DAIA como furibunda tribuna contra el gobierno del Frente Para la Victoria en general, y en temas vinculados a la causa AMIA en particular.

Lo cierto es que los principales sostenedores de los imputados Beraja y Palacios confluyen en el mismo espacio político, y han logrado un formidable resultado electoral.  

Los encubridores festejan: saben que si Macri se impone en el balotaje, más temprano que tarde pasarán de acusados a ser reivindicados como «gente de pro».        

* Para mayor información ver: «Brindando sobre los Escombros»; Horacio Lutzky; Sudamericana; 2012.