Tiene razón la presidenta cuando señala que el gobierno iniciado por Néstor Kirchner en 2003 y continuado por CFK, fue el único en realizar actos concretos en favor del esclarecimiento del atentado. Pero tienen también razón muchos de quienes, sin desconocer esos innegables antecedentes, expresan sus dudas y prevenciones ante el memorándum suscripto entre el canciller argentino Héctor Timerman y su par iraní Ali Akbar Salehi, documento que - más allá de declaradas o supuestas intenciones - posee una forma y un contenido de llamativa ligereza para un asunto de semejante importancia. La condición de «periodista» del jefe de la diplomacia argentina, y la de «ingeniero nuclear» por parte del representante iraní, fueron referencias utilizadas por el periodista Horacio Verbitsky a la hora de aludir a la estrambótica redacción del documento, lo cual - lejos de justificar los desaguisados - podría tomarse como una humorada de no ser por la gravedad del tema.
Dejo para otra oportunidad consideraciones de política internacional, y particularmente sobre el rol iraní en Oriente Medio y su inserción en América Latina, así como la situación interna de Irán, su compromiso con Siria y con Hezbolá, la disputa nuclear y las actuales tensiones internacionales. Y sobre la incidencia de Israel y Estados Unidos en garantizar al menemismo la impunidad de la pata siria del atentado y ocultar el posible origen de los explosivos, me remito a mi libro «Brindando sobre los Escombros».
En lo que ahora nos ocupa, el anunciado acuerdo argentino–iraní para tomar declaración a varios acusados, cabe comenzar consignando que la declaración indagatoria es un acto ineludible para poder procesar a un imputado bajo la ley argentina. Se trata de un acto aún pendiente desde hace años respecto de los sospechosos iraníes acusados por el fiscal Nisman, en una causa que - además de haber padecido años de sabotaje y deplorable instrucción - se encuentra en virtual congelamiento. De modo que todo intento de desparalizar el proceso debería ser, en principio, bienvenido.
No obstante, lamentablemente, tal y como ha sido redactado el memorándum, la parte iraní puede dar por cierto - como lo están haciendo sus órganos de prensa oficiosos - que la única consecuencia segura del acuerdo será la obtención del levantamiento de las «alertas rojas» de Interpol. Elementos no les faltan para asegurarlo.
En primer lugar, por cuanto en la causa AMIA ese dispositivo de Interpol fue dispuesto al sólo efecto de llevar a declarar a ciertos sospechosos. Aceptado con este acuerdo por ambas parte un procedimiento voluntario para llegar tras ciertos pasos a esas declaraciones - camino posiblemente muy extenso y sin fecha de finalización -, carecería de sentido sostener en forma simultánea «alertas rojas» para una detención y presentación inmediata, y sería ello visiblemente contradictorio con el referido compromiso estatal, de rango superior a la resolución de un juez de primera instancia. Formalmente, el juez debería entonces adecuar su resolución a una Ley superior, como lo sería un tratado o acuerdo con un Estado extranjero - aprobado por el Congreso Nacional - y solicitar el levantamiento de las “alertas rojas”. A lo cual, obviamente, no podría ni querría negarse Interpol.
En segundo lugar, porque algunos comunicados oficiales de la propia Interpol revelan la búsqueda desde hace varios años por parte de esa organización de una salida como la que se está discutiendo, que reemplace las hasta ahora ineficaces alertas. El organismo internacional de policía publicó en su página oficial el 3 de noviembre de 2009 que «bajo propuesta presentada por el Secretario General de INTERPOL, Ronald K. Noble, INTERPOL ofrecerá a las autoridades argentinas e iraníes que se reúnan en la Sede General de INTERPOL Secretaría en Lyon, Francia, con el fin de considerar la posibilidad de que un tercer país conduzca el proceso judicial relacionado con el atentado terrorista de 1994 contra la Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, centro en el que murieron 85 personas y centenares de heridos» (http://www.interpol.int/News-and-media/News-media-releases/2009/PR101).
En la misma ocasión, la entidad policial aclaró que la Asamblea General de INTERPOL ratificó las solicitudes de detención de seis ciudadanos iraníes, pero que, a partir de entonces, corresponde a cada país a seguir sus propias leyes nacionales al decidir si cumplir con la solicitud respecto de los individuos en cuestión. «Sin embargo, la decisión de la Asamblea General no elimina la presunción de inocencia que cada persona acusada debe tener - no importa el delito -, dijo el Secretario General». Otro de los párrafos del comunicado oficial dice: «Tanto Irán como Argentina son miembros apreciados de INTERPOL y comparten una amplia gama de preocupaciones comunes en nuestros esfuerzos mundiales para combatir el terrorismo y otros delitos transnacionales graves, pero tenemos que encontrar una manera de ayudarlos a salir del estancamiento. Las víctimas y las familias de este atentado terrorista terrible, no merecen menos que los mejores esfuerzos de la Interpol para ayudar a Irán y Argentina a mover este caso hacia adelante, dijo el Secretario General».
Así, es en ese contexto que puede interpretarse el punto 7 del memorándum propuesto, que expresa que «este acuerdo, luego de ser firmado, será remitido conjuntamente por ambos cancilleres al Secretario General de Interpol en cumplimiento a requisitos exigidos por Interpol con relación a este caso». Es que, justamente, según el proyecto de acuerdo, la declaración (indagatoria o no) sólo se tomaría sobre los imputados que aún conservan «alerta roja» de Interpol. Dicho de otro modo: si las partes establecen un mecanismo consensuado de comparecencia a declarar, carece de sentido mantener órdenes de detención y eventual comparecencia compulsiva.
El punto 8 del memorándum («Nada de este acuerdo pondrá en riesgo los derechos de las personas, garantizados por ley») fuera de su enigmática y aparentemente superflua formulación, no contribuye a disipar dudas, máxime si todo se enmarca en la inapropiadamente denominada «Comisión de la Verdad».
El proyecto presenta beneficios claros para el lado iraní, aún para el caso en que persista en su actual actitud de desprecio por las instituciones democráticas argentinas y por los familiares y amigos de las víctimas de la masacre de la AMIA. Los hipotéticos beneficios para el lado argentino son difíciles de entrever, en lo que al proceso se refiere. Una orden de detención del juez argentino visitante en Teherán contra un funcionario iraní es materia propia de ciencia ficción.
Una cosa es una cosa…
Y otra cosa distinta es sostener que esta jugada desafortunada y desaconsejable convierte a miembros de este gobierno en «traidores», «antisemitas», propiciadores de un «tercer atentado», o calificativos por el estilo. Es cierto que el deleznable régimen iraní, violador serial de los derechos humanos, con su rol en la diseminación del terrorismo, el antisemitismo y el fundamentalismo premoderno, es motivo de lógica preocupación. Incluso respecto de las consecuencias de su proyección latinoamericana. Pero los intercambios comerciales - en forma directa o triangulada - también existen con países como EE.UU o Israel, así como hay contactos y amagues de reuniones por el tema nuclear. Sin embargo, aquí estamos hablando de algo mucho más concreto, relativo a un determinado proceso judicial.
Son legion los dirigentes políticos nacionales y comunitarios que - amplificados por una aceitada caja de resonancia mediática - hoy se rasgan las vestiduras y se tiran de los pelos indignados, mientras alertan sobre el desastre al que se llevará una causa judicial supuestamente viva y pletórica de revelaciones y probanzas judiciales. O mienten con alevosía, o son pavotes con carnet habilitante que repiten consignas vaciadas de contenido real. Frases hechas que muchas veces poseen copyright en otro idioma. Los referentes del PRO que promocionaron al procesado «Fino» Palacios, los de la Alianza delarruista que echaron a Nilda Garré para negociar con Menem y continuar tapando la «pista siria», los dirigentes comunitarios que avalaron el encubrimiento de la conexión local y los negocios espurios de Beraja y Avirán, las legaciones diplomáticas que presionaron para que no se revisaran las escandalosas irregularidades de la investigación, deberían todos ellos guardar un tono cuanto menos circunspecto. Para decirlo en latín: silbar bajito. Pero no perderán la oportunidad de llevar agua hacia su molino político con sobreactuaciones memorables.
Cuando las aguas vuelvan a su cauce y sea posible buscar otros puntos de referencia, fuera de la diplomacia secreta y las tensiones internacionales, quizás de una buena vez sea el momento de poner en el centro de la agenda el juicio oral pendiente por el encubrimiento del atentado, donde desde hace ya demasiado tiempo la sociedad espera saber por orden de quién y para qué una serie de funcionarios y dirigentes destruyeron pruebas, frustraron operativos, sembraron pistas falsas, compraron declaraciones, y realizaron un prolijo armado arquitectónico de una recauchutada «verdad judicial». Responsables centrales de que en el hipotético viaje a Teherán, las valijas con las pruebas posean tan pocos elementos de peso.