Estimados,

Quien sea negro, sin recursos, inmigrante y además no judío tiene todos los papeles para ser deportado de Israel. Con la recién lanzada operación «Volver a Casa», el Ejecutivo de Binyamín Netanyahu pretende deportar a más de 15.000 inmigrantes, la tercera parte de los africanos que entraron de forma irregular en su territorio durante los últimos cinco años.

El mandatario israelí aseguró que la deportación será «humana», mientras dio instrucciones a la policía para que comiencen las detenciones, a pesar de haber ampliado el plazo para abandonar voluntariamente el país a cambio de un billete de avión y unos 1.300 dólares en el bolsillo.

El inicio de las expulsiones genera un sensible debate en Israel, un Estado que hoy tiene casi ocho millones de habitantes y que fue creado como refugio para el pueblo judío, cuya mayoría demográfica las autoridades consideran imprescindible preservar.

La fecha clave en el cambio de actitud oficial hacia los subsaharianos fue el pasado 7 de junio cuando La Corte Suprema dictaminó que la República de Sudán del Sur - reconocida como el Estado miembro 193 de Naciones Unidas en julio de 2011 - constituye ya un lugar seguro para la repatriación, a pesar de los 35.000 desplazados que generó el conflicto mantenido por éste con el vecino Sudán, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados.

A partir de ahí el Gobierno israelí puso en marcha la campaña «Volver a Casa» por la que se ofrece el retorno voluntario incentivado y, en caso de ser rechazado, los inmigrantes son arrestados y trasladados a centros de detención hasta su posterior expulsión. Así unos 300 subsaharianos fueron detenidos en las últimas semanas en ciudades del centro y el sur de Israel al amparo del dictamen de la Corte Suprena pero, sobre todo, tras la aceptación por parte del tribunal administrativo de Jerusalén de suspender, a petición del Estado, la «protección colectiva» que hasta ahora impedía la expulsión de los solicitantes de asilo, concedido en contadas ocasiones tal y como denuncian las ONGs israelíes de ayuda a los refugiados.

El motivo, según el ministro de Interior, Eli Yishai, y líder del partido ultraortodoxo Shas, «es que su presencia pone en peligro la identidad judía y demográfica de Israel».
 
Afirmaciones como esas desencadenaron una profunda discusión en Israel, tanto por motivos éticos y religiosos - la Torá encomienda al pueblo judío tratar bien al extranjero - como por motivos históricos y políticos.

¿Pone realmente en peligro la presencia de estos inmigrantes no judíos la identidad fundacional del Estado Israel? Para intelectuales como el escritor Abraham B. Yehoshúa. sí. «Israel se creó para los judíos, así lo estableció la ONU en 1947. Un país que diera refugio a todos ellos, venidos de todas partes y emplazados en parte del territorio de Palestina», explicó.

Otros intelectuales, como Nevé Gordon, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Ben Gurión, discrepan sobre cuál debe ser la identidad del actual Estado de Israel. «Si queremos que Israel sea una sociedad plural entonces estos inmigrantes no supondrían una amenaza», señaló. «Sin embargo, vivimos en un estado hiper etnonacionalista, todo aquel que no sea judío no forma realmente parte de la sociedad israelí, da igual que lleven décadas viviendo aquí», añadió.

Gordon destacó la especial vulnerabilidad de los subsaharianos en el país. «Por su piel son fácilmente identificables, pero hay otros 300.000 inmigrantes sin papeles viviendo aquí y ahora no se habla de ellos». Hace 4 o 5 años sí, los asiáticos fueron precisamente el blanco de los eslóganes pseudoracistas de las manifestaciones en las que entonces, al igual que ahora con los subsaharianos no judíos, se pedía su expulsión.
 
Una dicotomía similar a lo que sucede con los palestinos, remarca Gordon. «Por un lado se permite que crucen al lado israelí para que trabajen como mano de obra barata; por otro, el Gobierno quiere expulsarles del territorio». En Israel vive un millón y medio de árabes. Tres millones y medio residen en Cisjordania y la Franja de Gaza.

La búsqueda de trabajo es el argumento empleado del Ejecutivo israelí para explicar la llegada masiva de los inmigrantes subsaharianos. «Vienen a trabajar y luego quieren traerse a sus familias; es insostenible», aseguró Danny Danón, un diputado de la Knéset que lidera el lobby contra la inmigración ilegal. Él mismo participó en las concentraciones de finales del mayo pasado en el barrio de Hatikva, al sur de Tel Aviv, cuando cientos de israelíes pidieron la deportación de los sursudaneses y eritreos que se habían instalado en la zona. La jornada de saldó con la detención de 16 personas acusadas de agredir a esos inmigrantes.

Intelectuales como Yehoshúa piensan que los fundamentos humanitarios de la filosofía y la religión judías deben quedar relegados a los principios del sionismo y, sobre todo, de la demografía. «Estos inmigrantes africanos vienen a trabajar. Si su vida corriera realmente peligro, Israel tendría que protegerles de acuerdo a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas de la que es país firmante, pero igualmente Egipto», afirmó. «Entonces ¿por qué no se quedan allí dado que la mayoría llega cruzando el país vecino», pregunta el renombrado escritor.

De momento, Israel comenzó a instalar 20.000 tiendas de campaña para alojar a estos inmigrantes y acelera los trabajos de construcción del centro de detención más grande del país situado en el desierto del Negev cerca de la frontera con Egipto, donde tiene pensado recluir a todos aquellos que entren ilegalmente en lugar de subirlos a un autobús y dejarlos a su suerte en ciudades como Tel Aviv.

Además, el ministerio de Defensa ultima la construcción de una valla a lo largo de la frontera con la península del Sinaí, que hasta ahora era la más porosa de todas precisamente debido a la ausencia de un obstáculo similar a los que separan a Israel de Jordania, Siria o Líbano.

Pero el rechazo a la inmigración africana no judía contrasta con la apertura hacia la que sí lo es, sobre todo procedente de Rusia, Estados Unidos, Europa o América Latina, recogida en  la llamada a los judíos para emigrar a Israel.

De acuerdo a la enmienda realizada en 1970 a la Ley del Retorno, cualquier aspirante a obtener la ciudadanía israelí sólo tiene que demostrar que uno de sus abuelos era judío y que no se convirtió a otra religión. «Ser judío es una identidad nacional, no es sólo es una cuestión de religión o de raza, pero incluso hoy definir quién es judío y quién no supone un problema en sí mismo», afirmó Yehoshúa.

Por ley, los africanos que demuestran serlo sí pueden obtener la ciudadanía. Es el caso de los etíopes, a quienes muchos consideran ciudadanos de segunda a pesar de la ingente cantidad de dinero invertida por el Estado desde hace décadas para integrarles en la sociedad israelí. Son iguales que todos los demás, hay abogados, médicos, sirven en el ejército, y sin embargo hay muchos que se niegan a vivir junto a ellos.

El color de la piel continúa, sin duda, marcando viejas diferencias y esteriotipos. En Israel la distinción ya no es sólo entre blancos o negros. El ciudadano medio no tratará igual a un sursudanés que a un etíope. Dependerá de lo que responda a la pregunta: «¿Eres judío?».

¡Buena Semana!