«Un funcionario que acepta sobornos traiciona la credibilidad del ciudadano en el servicio público» fue la lapidaria expresión del juez David Rozen al pronunciar la sentencia de seis años de cárcel por corrupto al ex primer ministro Ehud Olmert.

Con mensajes de ese calibre la justicia se respeta o, por lo menos, se teme sea cual sea la categoría personal o el cargo que se desempeñe. Ahí está el detalle.

El pasado martes 13 no fue un día más en la historia de Israel. A la mañana en las calles, en las oficinas, en los bares, no se hablaba de Irán, de la visita del Papa, del conflicto con los palestinos, del costo de los departamentos o del costo de la vida. Se hablaba de corrupción.

Quien esperaba escuchar sentencia era nada más y nada menos que el ex primer ministro Ehud Olmert (68), acompañado de sus abogados. Un cabizbajo Olmert escuchaba como todos los implicados en el caso «Holyland» iban recibiendo su castigo.

El pasado 31 de marzo, Olmert fue condenado por recibir sobornos cuando era alcalde de Jerusalén entre los años 1993 y 2003. Según el juez, Olmert cobró 500,000 shekels - unos 145 mil dólares aproximadamente - de los constructores del complejo de departamentos de lujo «Holyland», y otros 60,000 shekels - unos 17 mil dólares - por un proyecto inmobiliario.

Olmert fue primer ministro entre los años 2006 al 2009 sucediendo a Ariel Sharón, quien tuvo que dejar su cargo por un derrame cerebral. El mandatario debió renunciar a su cargo por presuntos cargos en su contra por corrupción.

El juez Rozen, de la corte del distrito de Tel Aviv, fue claro y explícito antes de pronunciar las sentencias cuando dijo que «un funcionario público que recibe soborno es un traidor. Traiciona la confianza que el pueblo puso en ?l, confianza que sin la cual ningún servicio público podría existir. La corrupción contamina el servicio civil, destruye gobiernos y es uno de los peores crímenes en el código penal».

El magistrado también explicó que es mucho más grave aquel que recibe soborno que aquel que lo otorga siendo el primero un funcionario público.

A medida que fue pronunciando la sentencia, primero para aquellos que se encontraron culpables de haber ofrecido sobornos, era evidente que el castigo para el ex primer ministro iba a ser ejemplar.

Poco después de las 9:30 de la mañana llegó la sentencia: seis años de prisión y una multa de más de 1 millón de shekels, unos 290.000 dólares.

El abogado del ex primer ministro dijo que iba a apelar para lo cual tiene 45 días, y que llegarán a la Corte Suprema.

Junto a Olmert fueron condenadas otras seis personas, varios funcionarios y hombres de negocios. Las penas fueron desde los tres años a los seis años, y se estipuló como fecha de entrada a la cárcel el primero de septiembre.

Seguramente ahora comenzará un tiempo de apelaciones y diferentes movidas que intentarán hacer los abogados de los acusados y condenados, pero lo importante para remarcar y destacar es la condena ejemplar que se le puso en Israel a la corrupción política y sobre todo al concepto de que la ley es igual para todos.

Quizás lo más destacable de todo este proceso y condena fue que Olmert no recibió ningún tipo de tratamiento especial por su condición de ex primer ministro.

Muchos personajes destacados de la política israelí, como el presidente Shimón Peres, expresaron su pesar por lo sucedido pero destacaron la imparcialidad de la justicia israelí.

Desde Oslo, Peres afirmó que se trata de un proceso legal de un Estado democrático que demuestra que nadie está por encima de la ley, y agregó que personalmente era un día triste para él por su cercanía al ex primer ministro.

No hay dudas que el hecho de que el juez Rozen se refería al ex primer ministro simplemente como «acusado número ocho», y utilizó términos muy drásticos como traidor, es un mensaje claro para la Corte Suprema y para el marco político en general. La corrupción en Israel existe, pero se la persigue, se la combate, se la investiga, se le enjuicia, se la condena y se la encarcela.

En el Israel de los últimos años faltan voces, como la del juez Rozen, en quienes deben ser autoridades no sólo jurídicas, sino morales; no sólo policiales, sino cívicas; no sólo políticas, sino espejo de honestidad. El consumismo y las ansias de poder se filtraron en el tejido social como un cáncer y ya, a juzgar por las muestras de corrupción, alcanzaron el grado reproductivo que sólo con sentencias extremas se puede mantener la esperanza de curación.

No pasa un mes sin que los medios den a conocer nuevas investigaciones sobre corrupción o irregular manejo en la administración pública que debieran sacudir y hacer temblar a los funcionarios electos para administrar nuestra democracia.

La lucha frontal en todos sus niveles contra la impunidad contribuirá a adecentar el sistema gubernamental, pues a consideración del juez Rozen existen «traidores» que pretenden alterarlo.

Seis años de cárcel para un ex primer ministro puede sonar insólito y aunque con ello no se elimine la inclinación delictiva de uno, de algunos o de muchos, por lo menos, se envía el mensaje: El que las hace las paga. Esa es la diferencia. Ahí está el detalle.