Se puede disentir con las posiciones políticas o ideológicas de Binyamín Netanyahu, pero nadie puede poner en duda sus cualidades como líder. Fuera de su sagacidad, sobresalen claramente su cautela y sosiego con que manipula drásticas acciones y medidas con sus aliados como contra sus contrincantes y enemigos. En ese contexto llama poderosamente la atención el enérgico cambio de actitud en el momento de responder a la última decisión de la Autoridad Palestina (AP) de adherirse al Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional (CPI).

Durante el operativo «Margen Protector» del último verano, aun bajo el ataque de misiles de Hamás, Bibi mantuvo una postura relativamente prudente dejando de lado sectores extremistas promotores del aniquilamiento de Hamás y la reconquista de Gaza. Sin embargo, en esta última semana da la impresión que el primer ministro israelí se siente seriamente conmovido por la posibilidad de que soldados y oficiales israelíes sean llevados a juicio en el exterior.

En declaraciones a la prensa Netanyahu demostró su alto grado de vehemencia  cuando afirmó que «Soldados israelíes no serán llevados al Tribunal de La Haya. Son los líderes de la AP - que se han aliado con los criminales de guerra de Hamás - quienes deben ser llamados a dar cuentas. Los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuarán protegiendo al Estado de Israel con determinación y fortaleza; y así como ellos nos protegen a nosotros, nosotros los protegeremos a ellos con la misma determinación y fortaleza» [1].

A los efectos de tomar contundentes medidas de represalia, Bibi reunió un gabinete especial de seguridad, eso sí, sin la presencia del canciller Liberman. Como es sabido la diplomacia israelí está en manos del secretario de Estado norteamericano John Kerry. Los estrategas israelíes dirigidos por Netanyahu tomaron una serie de medidas drásticas. La más importante e inmediata: congelar un importe de 135 millones de dólares de propiedad de la AP que Israel debería transferir por cobro de impuestos aduaneros palestinos. Paralelamente se decidió demandar del Congreso y Ejecutivo norteamericanos - sus mercenarios diplomáticos - la inmediata suspensión de toda ayuda a la AP.

Para un futuro mediato el fórum estratégico israelí decidió organizarse para desintegrar y hacer desaparecer la AP, demandar en el mismo marco jurídico internacional a jerarcas palestinos por crímenes de guerra y en especial a supPresidente, Mahmud Abbás, por financiación e instigación al terror [2].

De acuerdo a los argumentos expuestos, esta muestra de ferocidad extrema por parte de Bibi sería comprensible si efectivamente algún general de las FDI estaría en peligro de pasar unos años en un calabozo extranjero por alguna fallida o intencional orden con trágicas consecuencias durante el operativo «Margen Protector». La realidad es totalmente diferente. Según analistas y expertos en la materia, la posibilidad que un soldado u oficial israelí sea juzgado bajo la acusación de haber cometido crímenes de guerra durante dicha ofensiva militar es muy remota.

En primer lugar, difícilmente los jueces de la CPI estén dispuestos a aceptar un principio de retroactividad dado que la adhesión de la AP al Estatuto de Roma fue posterior a los acontecimientos de «Margen Protector», motivo central de la demanda palestina. En segundo lugar, acusar de crímenes de guerra por causar muerte de civiles en una confrontación militar exige demostración de desproporcionalidad, un argumento nada sencillo para probar [3].

Por último, y tal vez el motivo más importante, la improbabilidad de la acusación de oficiales israelíes se basa en que la CPI evita suplantar a cortes nacionales cuando éstas se ocupan de investigar casos en discordia. «De conformidad con el principio de la complementariedad, la CPI actuará sólo cuando las cortes nacionales sean incapaces o se muestren renuentes a hacerlo» [4]. También Luis Moreno Ocampo, el argentino ex fiscal de la CPI, sostiene la misma posición. Recientemente declaró que «Israel podría bloquear el caso en la CPI, abriendo una investigación él mismo ante sus jueces» [5], proceso que la renombrada justicia israelí ya lleva adelante.

A sabiendas que Netanyahu seguramente está muy bien informado al respecto, necesariamente surge el interrogante: ¿Qué hay detrás de la furia de Bibi?

La respuesta es muy simple. Líderes de Israel con seguridad no serán acusados de ser criminales de guerra por la muerte de miles de inocentes palestinos, pero muy probablemente sí lo sean porque el Protocolo de Roma incluye expresamente el traslado de población civil de un país a territorio ocupado como crimen de guerra. No sólo eso, Netanyahu, como primer ministro durante la época de mayor ampliación del programa de colonización civil judía en Cisjordania, sería el principal acusado al respecto. A diferencia de la matanza de civiles, en este caso las pruebas son muy sencillas: se trata de la política oficial de su Gobierno.

El destacado profesor Eyal Gross comentó al respecto: «Debemos recordar que el estatuto de la CPI, al igual que la IV Convención de Ginebra, prohíbe expresamente el traslado de población civil de la nación conquistadora al territorio conquistado, y fija que este acto implica un crimen de guerra. Ahora se abrieron las puertas para demandar líderes israelíes responsables de la colonización judía en los territorios ocupados. Israel sostiene que dicha colonización judía no está prohibida por leyes internacionales, dado que la IV Convención de Ginebra no tiene jurisdicción en Cisjordania y Gaza pues en esos territorios no existía ninguna soberanía previa. Este argumento ya fue rechazado de plano por la comunidad internacional, especialmente por la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) cuando se expidió respecto de la construcción del famoso y discutido muro de separación [6].

Hasta la fecha la fiscalía de la CPI se ocupó de investigar a líderes de Uganda, Congo, Republica Centroafricana, Mali, Darfur, Sudan, Libia, Kenia y Costa de Marfil [7]. Cualquier fiscal, hasta el más principiante, sabe que con Israel se trata de otra liga. Probablemente por este motivo la CPI se lave las manos en el caso.

Ojalá me equivoque...

[1] «Netanyahu: soldados israelíes no serán llevados al Tribunal de La Haya»; Aurora; 4.1.15.

[2] «Por adherirse a La Haya, congelaron dineros de impuestos palestinos»; Maariv; 3.1.15.

[3] «Adhesión de la AP al CPI: Israel en camino de complicarse»; Eyal Gross; Haaretz; 2.1.15.

[4] «Preguntas y respuestas sobre CPI»; ONU; Depto. de Información Pública; 10.1998.

[5] «Entrevista a Luis Moreno Ocampo; Diario Perfil; 2.8.14.

[6] Eyal Gross; Id.

[7] «Claves del papel de la CPI en el conflicto de Gaza»; Ana Gómez Pérez; El País; 14.8.14.