El asesinato de un bebé palestino de 18 meses, quien murió carbonizado cuando su vivienda fue incendiada por presuntos colonos israelíes en la aldea de Duma, al norte de Cisjordania, provocó gran consternación entre israelíes y palestinos y la comunidad internacional.

El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, calificó el hecho de «acto terrorista» y prometió encontrar y castigar a los culpables.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abbás, responsabilizó del episodio a Israel por la protección que el Gobierno de Bibi brinda a los colonos judíos en Cisjordania, y manifestó su intención de presentar el ataque ante la Corte Penal Internacional (CPI), de la que la AP es miembro, para que sea investigado.

En la arena internacional, la Unión Europea (UE) pidió «tolerancia cero» con la violencia cometida por los colonos israelíes, en tanto que Estados Unidos condenó el «brutal ataque terrorista», instó Israel a «detener a los asesinos» y llamó a ambas partes a «impedir una escalada de tensiones a raíz de este incidente trágico».

Independientemente de los resultados que arrojen las pesquisas por este deplorable crimen, resulta ineludible señalar la doble moral de Occidente ante estos hechos, puesto que ocurren en el contexto de una política a todas luces ilegal: la construcción de asentamientos israelíes en territorios palestinos militarmente ocupados de Cisjordania, que es «tapada» descaradamente por EE.UU y la UE.

Significativamente, el asesinato referido se produjo dos días después de que Bibi anunciara la autorización de su Gobierno para la construcción inmediata de 300 viviendas en Bet-El, asentamiento ubicado en los territorios palestinos de Cisjordania, área que según el derecho internacional se encuentran bajo supervisión de la ONU en condición de «tierras en disputa».

Por otra parte, el evidente ensañamiento con que se cometió el crimen hace obligado preguntarse si éste se debió a un mero acto de fanatismo antipalestino de colonos israelíes o si hay detrás una intencionalidad de avivar el conflicto actual entre ambas partes y de multiplicar y profundizar los factores de aversión y la violencia en Oriente Medio.

Al respecto, es innegable que el recrudecimiento del odio entre israelíes y palestinos, y la previsible estela de violencia que se pudiera desatar a raíz de ese crimen, termina por favorecer el designio del Gobierno hebreo de mantener la ocupación militar ilegal que se prolonga en Cisjordania.

Más allá del necesario esclarecimiento del homicidio, la gravedad de la situación descrita vuelve a poner en perspectiva, como solución lógica para evitar la configuración de escenarios similares, la reanudación de las tratativas de paz, el retiro de Israel a sus fronteras anteriores a la Guerra de los Seis Días con arreglos acordados entre las partes, el estatus final de Jerusalén, una solución digna al tema de los refugiados y la garantía de que los ciudadanos israelíes puedan vivir en seguridad.

En cambio, en la medida en que Israel mantenga la ocupación militar de territorios palestinos, se estará sembrando el riesgo de reproducción de escenarios criminales como el reciente, en el que civiles inocentes son usados como carne de cañón por facciones delirantes, o bien por intereses inconfesables.