Hace mucho que la opinión pública israelí, generalmente muy discutidora, no estaba en tal ebullición. La polémica "ley del boicot" - tal cual ya se la conoce - aprobada esta semana en el Parlamento israelí, ha desatado fuertes emociones. Y con razón.

Ante todo, su nombre completo es: Ley para la Prevención de Daño al Estado de Israel mediante Boicots - 2011. Y ya el nombre puede confundir. Es que suena perfecto tratar de impedir daños al Estado mediante boicots que otros imponen desde afuera. ¿Qué democracia digna no trataría de tomar medidas al respecto?

Pero la ley específica que se ha aprobado, nada aporta a la democracia; todo lo contrario; y será perjudicial para Israel.

Según la ley en cuestión, una persona particular o una organización que llaman a boicotear a Israel o cualquier zona de la misma, puede ser demandada por cualquier ciudadano israelí, sin que tenga que probarse ante un tribunal en absoluto si el llamado realmente causó perjuicios. Esto es especialmente problemático a ojos de todo aquel que vela por la preservación de la libertad y el juego democrático en Israel.

En el plano interno, de la libre discusión de ideas y el derecho a la protesta contra diferentes temas que surgen en una sociedad democrática y que provocan discrepancias, el boicot es algo bastante común. En las últimas semanas hubo hasta un ejemplo un tanto colorido de ello, cuando a raíz de varias notas periodísticas sobre el aumento del precio del queso "cottage", un invento israelí muy exitoso, se organizó un grupo en Facebook que en pocos días arrastró multitudes y logró un importante descuento generalizado.

Durante años, los ultraortodoxos en Israel boicoteaban a compañías que estaban abiertas en Shabat. Los ejemplos serían variados, y mientras no se recurra a la violencia, la práctica es conocida. Nunca es agradable, pero en el plano interno de una sociedad, no es ilegal.

Es evidente a ojos de numerosos analistas y expertos en leyes que se han manifestado en los últimos días, que la nueva ley tiene como uno de sus especiales objetivos tomar medidas contra el boicot a los productos de los asentamientos israelíes en Judea y Samaria (Cisjordania). Hay desde hace años grupos dentro de Israel que rehúsan consumir productos de los asentamientos por la dimensión política de la discusión sobre su existencia misma. No son de gran peso, pero existen y no desde hace pocos días.

Con todo lo que nos disgustan esos boicots y los llamamientos generalizados a no comprar de tal y cual, también cuando los afectados son los asentamientos, el hecho es que la discusión sobre éstos es uno de los temas que más dividen a la sociedad israelí. La polémica al respecto no es sólo con el exterior y con los palestinos, sino también dentro de Israel.

Debe recordarse que así como parte de la población ve en los asentamientos algo legítimo y hay inclusive quienes consideran que son claves no sólo por los derechos históricos de Israel en Judea y Samaria sino también por su presencia en lugares importantes para Israel desde el punto de vista de seguridad, hay quienes piensan exactamente lo contrario, aquellos israelíes convencidos de que los asentamientos son nefastos para Israel, su economía y su seguridad, así como su búsqueda de la paz.

Las dos posiciones opuestas sobre los asentamientos, su legalidad y su significado, son legítimas en el marco de la discusión democrática en Israel, muy especialmente cuando un acuerdo de paz con los palestinos aún no ha sido logrado.

Cuando esta es la situación, no se puede promulgar una ley que limita la libertad de acción de los propios ciudadanos israelíes en el marco de la discusión interna. Y menos que menos de la forma en que se planteó la ley, con un espíritu de arbitrariedad en manos del que demanda, sin que tenga siquiera que molestarse en demostrar nada. Es escandaloso y preocupante, porque la interpretación no parece ser que se lucha legítimamente contra un boicot, sino que se toma medidas para silenciar a los oponentes políticos.

No es casualidad que el propio asesor jurídico del Parlamento haya dicho que no es seguro que se pueda defender a la ley ante la Suprema Corte, que ya ha recibido una demanda categórica en su contra. Y hasta el asesor jurídico del gobierno declaró que tiene dudas sobre la constitucionalidad de la ley. El tema aún no está cerrado.

La discusión contra quienes boicotean desde afuera es otra cosa, más que nada porque generalmente, la sensación es que un boicot externo a Israel quita legitimidad al Estado mismo. Pero también en esto hay que tener cuidado, ya que una cosa es tomar una medida concreta sobre una zona en disputa y otra contra el Estado de Israel. Hay quienes hablan de asentamientos y no logran siquiera ocultar sus reservas a la existencia misma de Israel.

Israel condena desde hace años, con razón, los boicots en su contra. El más nefastamente conocido es el boicot árabe contra el Estado judío. No es una expresión de discrepancia con una de sus políticas y ni siquiera con sus fronteras, sino una condena a la existencia misma de Israel. Eso es indudable, ya que el boicot adoptado por la Liga Arabe, fue impuesto casi inmediatamente después de la declaración de independencia de Israel.

Con esta ley, Israel no librará una lucha más efectiva contra los injustos boicots hostiles impuestos desde afuera, ni contra la hipocresía de aquellos que boicotean universidades israelíes aunque son símbolo de libertad y apertura, mientras no dicen ni una palabra contra regímenes oscuros y asesinos. Con esta ley, podrá complicarse las cosas por un lado a quienes llaman a boicotear a Israel como Estado - lo cual es legítimo que se haga - pero también se estará limitando la libertad de expresión dentro de la única democracia de la zona. No vale la pena. El remedio es mucho peor que la enfermedad.

Fuente: Semanario Hebreo de Uruguay