La sociedad israelí debate sobre si los ultraortodoxos, que son actualmente el 10% de la población, deben seguir estando exentos del ejército para dedicarse al estudio de los Textos Sagrados. Tampoco pagan impuestos.

El cumplimiento del servicio militar obligatorio en el Estado de Israel - de tres años para los varones y dos para las mujeres - es percibido por la mayoría de la población como una verdadera necesidad de defensa nacional. Sin olvidar que también la sociedad israelí se ha tornado más individualista que antes y que en su seno hay no pocos jóvenes que consideran una pérdida de tiempo dedicar esos años a servir en las Fuerzas de Defensa de Israel. En general, el servicio obligatorio es visto por los jóvenes como un compromiso moral para con la sociedad y motivo de orgullo apenas cumplan 18 años.

Pero hay un sector de la población, que hoy constituye el 10% de la ciudadanía israelí, que está exento: los judíos ultraortodoxos, un cúmulo de corrientes rabínicas con distintos matices, cuyo común denominador es la convicción de que el estudio de las Sagradas Escrituras es la base de la vida judía. «La estudiarás día y noche», dice el versículo bíblico. Y muchos lo interpretan literalmente: no es posible dedicar tres años al Ejército si hay que seguir estudiando la Torá.

El tema del servicio militar es especialmente dramático. Al principio mismo de la desigualdad en la repartición de los deberes, se agrega el hecho de que si los ultraortodoxos no cumplen el servicio militar obligatorio ello significa que otros cargan con mayor peso en la defensa del Estado. En palabras más directas aún: unos arriesgan sus vidas, mientras otros estudian.

En los primeros años del Estado, al promulgarse la ley relativa al servicio militar obligatorio, se determinó de antemano que los árabes no serían enrolados y que algunos cientos de judíos ultraortodoxos también quedarían exentos, a fin de poder continuar estudiando la Torá. El entonces primer ministro David Ben Gurión llegó a un acuerdo con los partidos religiosos, considerando que en el Estado judío era lógico que se destaque la importancia del estudio de las Sagradas Escrituras.

Pero la situación se descontroló totalmente. A finales del siglo pasado, eran ya unos 10.000 los jóvenes ultraortodoxos exentos del servicio. En 1997, su número ascendía a 30.000. Hubo apelaciones a la Suprema Corte de Justicia, que determinó que eso es «exagerado» y designó a la Comisión Tal para que elaborase criterios adecuados acerca de cómo proceder con el tema de la exención.

La Ley Tal

Hace aproximadamente una década fue promulgada la Ley Tal, destinada a canalizar a los ultraortodoxos, tanto a una mayor participación en el esfuerzo de seguridad como en el mercado laboral. La evaluación de la ley es ambivalente. Por un lado, permitía a quienes decidían no trabajar ni enrolarse seguir haciéndolo sin plazo fijo, percibiendo por siempre un subsidio del Estado, lo cual eterniza la desigualdad. Por otro, abrió las puertas a cierta participación en el ejército a jóvenes ultraortodoxos que lo deseaban, aunque en condiciones muy distintas del resto. Que en los últimos años (2010-2011) 8.000 jóvenes ultraortodoxos tuviesen una experiencia en el Ejército, mientras que otros - algo más de 2.000 - lo hicieran en el marco del Servicio Civil obligatorio (en la comunidad) es visto como algo positivo.

La protesta pública contra la Ley Tal por mantener los privilegios de los ultraortodoxos ha ido en aumento en los últimos años. Y hace varias semanas, la última decisión de la jueza Dorit Beinish antes de finalizar su mandato como Presidenta de la Suprema Corte de Justicia fue declararla inconstitucional.

La traducción en términos concretos de esta decisión dramática dependerá de los políticos, pero claro está que algún cambio de fondo tendrá que haber. El problema para el gobierno, que incluye entre sus miembros a partidos ultraortodoxos, es que ello puede tener un alto precio político, debido a la participación casi constante de dichos grupos en las coaliciones.

«Daremos la vida por la Torá», dijeron algunos al conocerse la decisión de los jueces por una mayoría de seis a favor y tres en contra, dando a entender que no dejarán de estudiar las Sagradas Escrituras. Los más extremistas aclaran que el Ejército es «de ellos, los otros», indicando que lo que atañe al Estado no es asunto suyo sino del liderazgo sionista que creó un país judío pero que no lo rige religiosamente de acuerdo a la ley judía «halajá».

No se puede descartar que haya entre los ultraortodoxos quienes se aprovechan por comodidad de un acuerdo político cuyos orígenes datan de los primeros años del Estado. Pero, en general, hay una auténtica convicción de que estudiando la Torá ellos cuidan al pueblo de Israel no menos que los soldados en el campo de batalla.

Altos oficiales, gente cercana al tema de la seguridad, consideran que habría que hallar una fórmula que permita que continúen exentos quienes son considerados verdaderas luces en el estudio religioso, pero que se ponga fin al fenómeno por el cual están exentos en masa todos aquellos que simplemente se declaran ultraortodoxos. El propio ministro de Defensa, Ehud Barak, está a favor de ello.

En una conferencia sobre la Ley Tal llevada a cabo en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Tel Aviv, el rabino Jaim Amsalem, diputado y ex miembro del partido ultraortodoxo Shas, advirtió que hay quienes «usan en forma inapropiada a la Torá». «Ya los sabios señalaron que mil se iniciaron en la Torá, cien de ellos llegaron a la Mishná, y apenas 10 compenetraron el Talmud, pero sólo uno servirá de guía», aclaró, exhortando a que todos se incorporen al Ejército y sólo unos selectos se dediquen al estudio exclusivo de la Torá.

El ejército del pueblo

De acuerdo a la resolución de los jueces, al expirar en el próximo mes de agosto la ley tendrían que alistarse en el Ejército aproximadamente 62.000 jóvenes ultraortodoxos. Claro está que nadie concibe mandar a prisión a los que se nieguen. El Ejército no está preparado para que ingresen en sus filas tantos nuevos efectivos cuyo servicio militar requiere condiciones distintas de las de la mayoría de los soldados, precisamente por su condición de extrema observancia religiosa.

El ex rabino jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, general Avijai Rontzki, opinó en la mencionada conferencia que el Ejército tiene un verdadero problema para absorber a todos los que no podrán quedar exentos en agosto, cuando ya no esté en vigencia la Ley Tal. Puso unos ejemplos: no participarán de actividades en las que participan mujeres; no asistirán a ceremonias en las que actúen mujeres; ellos requieren otras normas rituales, en especial lo relativo a la comida «kasher»; no participarán de ejercicios en que los instructores sean de sexo femenino.

Sea como sea, este gran desafío tiene mucho que ver con la actual situación de la sociedad israelí. Israel se enorgulleció siempre de que Tzáhal (las Fuerzas de Defensa de Israel) fuera «el ejército del pueblo». Sigue siéndolo en el sentido que todos se encuentran en las distintas unidades, y que no hay elitismo ni diferenciación según la posición económica o social. Pero la sociedad israelí ya no acepta los privilegios de los ultraortodoxos.

De la alta tecnología a vivir en el cielo

Los ultraortodoxos, que constituyen hoy el 10% de la ciudadanía israelí, tienen un crecimiento anual del 5%, con familias numerosas. Es decir, cada 14 años duplican su número. Este hecho tiene un significado cada vez más importante en el perfil general de la sociedad israelí en el futuro.

El problema radica en el hecho de que, al considerar que deben dedicarse primordialmente al estudio de las Sagradas Escrituras, un alto porcentaje de los ultraortodoxos no participan en el mercado laboral ni estudian materias claves que favorezcan el desarrollo tecnológico de Israel.

El 60% de los hombres ultraortodoxos no trabaja. La mayoría de este sector no paga impuestos y se desentiende de las cargas públicas, lo cual tiene un doble efecto nefasto: una vida con mayores carencias materiales que el resto de la población y una vida no productiva y dependiente de subsidios nacionales.

«En Israel, hay dos estados en uno», dice el economista Dan Ben-David, jefe del Centro Taub de Investigación de Política Social. «Uno es el Estado de alta tecnología, universidades y medicina a la vanguardia del conocimiento humano. Y está el resto, que constituye una parte importante y creciente de Israel y que no recibe instrucción ni tiene condiciones para trabajar en una economía moderna», añadió.

Ben-David advierte que precisamente este hecho puede llevar «al fin de Israel».

Fuente: La razón - España

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