¿Puede considerarse una casualidad permanente la desaparición de entre 1.800 y 2.000 judíos, entre ellos 2 de nacionalidad israelí, en tiempos de la dictadura cívico-militar en la Argentina?
Si, por ejemplo, la comunidad armenia local reconoce a 23 jóvenes desaparecidos de su colectividad, y la japonesa 17, ¿cómo se explica esta diferencia geométrica de desaparecidos entre estas dos minorías y la judía?
¿Por qué esta sencilla observación - que dista de ser un análisis profundo - indica una sobre representación de personas de origen judío entre los desaparecidos en la última «época de plomo» mientras la mayoría de los dirigentes de peso locales solían reafirmar que la dictadura no fue antisemita en términos orgánicos?
Estas preguntas entre otras variadas, hechas en muchos casos por familiares de esos mismos desaparecidos, me llevaron a iniciar el trabajo de tratar de reconstruir este tramo particular de la colectividad y a analizar su vínculo o relación histórica con los militares entre 1976 y 1983, un tiempo de sangre y fuego del que todos debemos considerarnos, definitivamente, sobrevivientes.
Recorramos algunas observaciones ante un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, que nos afectó como argentinos y, particularmente, como judíos.
El control comunitario
La colectividad judía local, una minoría tan argentina como los descendientes de españoles, armenios, griegos, armenios, japoneses o musulmanes, fue vista como un grupo que debía ser controlado y vigilado por la dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.
Lo que se difunde como verdad oficial es que las dictaduras no fueron antisemitas en sí mismas, sino que existieron bolsones de antisemitismo en las fuerzas de seguridad responsables, también, de la mayor catástrofe de muertos y desaparecidos de argentinos de origen judío, aún más que los asesinados en los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA.
Y, además, se afirma que ninguna persona, en aquella época de plomo, fue secuestrada por su origen étnico, sino que - en todo caso - una vez que era secuestrada y se la identificaba como tal, recibía dosis extras de tortura por su condición identitaria.
Testimonios y documentos aparecidos en los llamados «Archivos del Terror», en Asunción del Paraguay, demuestran - sin embargo - que existió una premeditada planificación y control sobre las comunidades judías de América Latina. Particularmente, aquí, nos abocaremos a explicitar algunos hechos relacionados con la colectividad israelita de la Argentina.
Hallados accidentalmente por el abogado opositor al stroessnismo Martín Almada, mientras buscaba la ficha de inteligencia que la dictadura paraguaya había hecho de él, los denominados Archivos del Terror son una de las colecciones testimoniales más completas y documentadas aparecidas sobre el funcionamiento coordinado de los ejércitos latinoamericanos durante la tortuosa y nefasta aplicación del premeditado Plan Cóndor.
En esos archivos, administrados hoy por el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos - CdyA - del Poder Judicial paraguayo, existen innumerables documentos probatorios del seguimiento y control que las dictaduras ejercieron sobre algunos líderes alternativos de la comunidad judía argentina, e información sobre judíos y sus instituciones en toda la región latinoamericana en la que se aplicó el Plan Cóndor.
Pueden leerse, por ejemplo, documentos sobre el Movimiento Judío por los Derechos Humanos; el rabino Marshall Meyer, a quien involucran en «el movimiento de sacerdotes pro marxistas en Argentina»; o una nota periodística de Carlos Ernesto Ruiz quien afirma que en la Argentina viven «3.000.000 de judíos» a quienes les adjudicó «un claro sabotaje a nivel nacional» que deben contabilizarse como un factor de suma importancia en la derrota... cuando la guerra de Malvinas.
Pero, probablemente, el documento más significativo que deja en evidencia el control y seguimiento impuesto sobre la colectividad judía de la Argentina es la aparición de una carpeta titulada «DPTO. VII» preparada para la Segunda Reunión Bilateral de Inteligencia entre los ejércitos de Paraguay y Argentina (CDO CPO EJ II), realizada en Asunción entre el 27 y 28 de julio de 1978.
El documento en cuestión es un anexo de la Conferencia dictada por el general Benito Guanes Serrano, Jefe del Segundo Departamento Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército de Paraguay.
El punto 3 de ese «paper», titulado «ASPECTOS DE INTELIGENCIA A TRATAR», en su apartado a), enumera (cito textual) «Problemas surgidos en la jurisdicción sobre la participación de organizaciones terroristas y/o políticas de otros países en apoyo a las que operan en la misma». Y encuadra cuatro grupos u organizaciones que, según el informe, apoyaban al terrorismo en la región.
La cita textual es la siguiente:
«1) Reunión de judíos: En el mes de mayo (de 1978) se realizó en el interior del CHACO una reunión auspiciada por la Sociedad Hebraica de VILLA ANGELA, a la cual asistió en carácter de conferencista un general judío en actividad de nombre CHERKASCHY.
Lo tratado en la reunión a la cual asistió gente de edad, toda judía, fueron temas inherentes a la situación del Estado judío y la posible ayuda financiera en caso de un nuevo conflicto bélico en el Medio Oriente».
«2) Comisión Mundial de Pueblos Indígenas: Esta organización realizó en BRASIL un congreso en Mar 78 al cual asistieron varias personas con amplios antecedentes marxistas y utiliza como fachada «Medidas de Solidaridad a los pueblos indígenas...».
«3) Visita de miembros de la Cruz Roja Internacional: Efectuada en Mar 78 a las provincias de la jurisdicción... Tomaron contacto con autoridades militares y provinciales, visitando unidades carcelarias. Se detectó un claro intento de obtener información relativa a subversivos desaparecidos...».
«4) Ejército Rojo Japonés».
Luego, bajo el subtítulo «Modo de intercambiar información y forma de operar» se detallan los contactos de militares de inteligencia argentinos destacados en estas operaciones y se explica que «se autorizará el trabajo conjunto en los interrogatorios».
Los militares argentinos afectados a estas tareas indicados en el documento hallado en Paraguay fueron el «teniente coronel Martínez», del Destacamento de Inteligencia 124; el «mayor Gomar», de Inteligencia en Formosa y el «mayor Quiroz», del Destacamento de Inteligencia de Misiones.
Mientras la dirigencia comunitaria judía minimizaba los alcances del antisemitismo de la dictadura, los militares habían decidido seguir y controlar sigilosa y sistemáticamente según consta en el primer punto del informe binacional en el que justificaron la represión por la «participación de organizaciones terroristas y/o políticas de otros países en apoyo a las que operan en la misma».
Es decir que judíos como los de la chaqueña Villa Angela (un paradigma de la judería argentina), estaban en el primer lugar a la hora de ser considerados como un problema surgido «en la jurisdicción sobre la participación de organizaciones terroristas y/o políticas de otros países en apoyo a las que operan en la misma».
Nótese que estos judíos no eran considerados connacionales sino provenientes «de otros países» no incluidos en el teatro de operaciones militares del Plan Cóndor, es decir: extranjeros.
No es el único documento encontrado en los Archivos del Terror. Puedo enumerar fichas en blanco del movimiento Judío por los Derechos Humanos (MJDH), y ejemplos de seguimientos - por citar tan solo algunos - al rabino Marshall Meyer, Jacobo Timerman o periodistas americanos de origen judío que visitaban los países de la región.
También «papers» en los que denuncian un curioso Plan Andinia a implementarse en tierras bolivianas, o la adjudicación de la responsabilidad judía por la distorsión de las dictaduras latinoamericanas en Europa.
Esta construcción de realidad fue convalidada por los términos de construcción perceptual de los agentes de inteligencia de las dictaduras latinoamericanas, y ratifica - por sí misma - que existió un control particular sobre esta minoría.
Ellos la armaron, la creyeron y fue más que suficiente para iniciar (o continuar, en dictadura) el control, seguimiento, persecución y desaparición de sus integrantes.
Los militares construyeron un escenario con la identificación de sus (supuestos) enemigos exteriores y operaron en consecuencia.
Como se verá, en este informe de inteligencia aparecen dos minorías: la indígena y la judía. En ambos casos la historia demuestra que el poder dominante operó en consecuencia.
En el caso de los pueblos originarios, confiscando tierras, fundamentalmente en el norte del país. Y en el caso de la comunidad judía, ejerciendo la mayor cantidad de desapariciones en términos de las minorías constitutivas de la Argentina y con la sobre representación de judíos - también - en el secuestro de empresarios con fines de obtener rescate en dinero y cesión de empresas o bienes.
Los documentos aparecidos a 1.650 kilómetros de Buenos Aires no son una mera casualidad, ni tampoco su oportuno fichaje, sino que respondieron a una construcción de realidad en la que hacía falta instaurar e identificar a los enemigos y actuar en consecuencia.
Antisemitismo cultural
Según lo descripto, los militares creyeron haber hallado al menos a uno de los centros de influencia más importantes a combatir mientras hacían creer que bajo su poder de fuego contra el terrorismo, la comunidad judía argentina podía sentirse protegida.
Casos como el control y el informe sobre los judíos de Villa Angela se repiten en situaciones más o menos parecidas en Córdoba, Tucumán o Santa Fe, por tan solo citar algunos ejemplos.
¿Por qué, entonces, la dirigencia de la época insistía en la ausencia de un antisemitismo orgánico de parte de la dictadura?
Algunos cientistas sociales e historiadores introdujeron el concepto de «antisemitismo cultural».
Al respecto, investigadores como Leonardo Senkman afirmaron que el antisemitismo ejercido por la dictadura no fue visualizado en términos orgánicos porque la dirigencia de la época comparaba la situación con lo sucedido durante el nazismo. Y a esa comparación, algunos estudiosos del tema la llamaron «antisemitismo cultural» en términos de lo ya conocido.
Durante el nazismo se cerraron los negocios de comerciantes judíos, se prohibió el uso del idioma común, se incendiaron sinagogas y escuelas, y ni hablar de los campos de concentración, deportaciones y la llamada «Solución Final». Todo esto, como la forma más aciaga de antisemitismo, no sucedió durante la dictadura cívico-militar vernácula.
No sólo no se cerraron colegios, clubes y sinagogas, sino que se multiplicaron sus asistentes y feligreses, nadie que quiso o pudo dejó de viajar a Israel, no se prohibió el uso del hebreo o el idish y los militares expresaban su admiración por el Ejército de Defensa de Israel, además de obtener armamentos israelíes a la par de otros países competidores de Europa.
Senkman agregó que «la dirigencia manejaba conceptos clásicos de antisemitismo, y las desapariciones o la estadía en los centros clandestinos no revestían formas tradicionales. Para ellos, antisemitismo era el de Tacuara, López Rega o las notas de la revista Cabildo», y éstas no fueron las formas adoptadas por los militares.
Marcos Weinstein, padre de Mauricio - su hijo desaparecido -, e integrante de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos de la Argentina, consideró que la dirigencia «se comportó como una estructura de poder que pensó que si los grupos represivos del Estado no atacaban a las organizaciones, no había pedradas, pintadas o rotura de vidrios, entonces no podía hablarse de antisemitismo».
Sin embargo, entre estas dos miradas divergentes, la de la dirigencia y los familiares de las víctimas y los sociólogos, se colaron entre 1.800 y 2.000 argentinos de origen judío. Dos mil alternativas para evaluar por qué, más allá de las certezas de unos u otros, se colaron dos mil almas. Dos mil veces uno como para darse cuenta que algo no funcionó bien. Dos mil oportunidades para pensar, aunque sea tan sólo una vez, que era necesario que la dirigencia revisara esos conceptos de «antisemitismo cultural», así definidos por Senkman o Weinstein.
Los sociólogos siguen observando los acontecimientos. Los familiares, a 36 años del golpe de Estado, prosiguen su camino en búsqueda y reclamo de Memoria, Verdad y Justicia, también hacia adentro de la comunidad judía.
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