La Cámara de Diputados aprobó luego de catorce horas de debate la ley que formaliza al memorando de entendimiento que se firmó entre Argentina e Irán con relación a la causa AMIA por 131 votos a favor y 113 en contra.

El proyecto sólo obtuvo el respaldo del oficialismo y algunos de sus aliados claves para que se convirtiera en ley.

La mayoría de los bloques opositores lo rechazaron. El memorando fue cuestionado, entre otros aspectos, por «inconstitucional», «garantizar la impunidad en la causa AMIA», «blanquear el régimen iraní» y «dar de baja las alertas rojas de Interpol que pesa sobre cinco ciudadanos iraníes», según la oposición.

Para habilitar su debate y garantizar el quórum de 129 presentes, el oficialismo hizo volver a sus bancas a dos diputados que habían pedido licencia y debieron renunciar a sus cargos provinciales.

El Gobierno argentino firmó con Irán el acuerdo que ahora se convierte en tratado internacional para crear una «Comisión de la Verdad» de juristas que elabore en forma conjunta un informe sobre las personas implicadas en el atentado a la AMIA y que derive en la interrogación en Teherán a quienes Interpol señaló con «notificación roja».

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió el acuerdo con Irán es «demasiado peligroso», y acusó al Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de «cambiar la política exterior» en línea con la del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y con ello de «meterse en el conflicto de Oriente Medio con implicancia nuclear».

«Menos Néstor y Cristina los demás vinieron a calentar el sillón de Rivadavia. Nosotros siempre tomamos riesgo cuando proponemos algo», dijo al cerrar el debate el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el kirchnerista Guillermo Carmona, defendió el proyecto oficial al asegurar que «el objetivo central del memorando es que presten declaración indagatoria los imputados iraníes» por el atentado a la AMIA que provocó 85 muertos.

La presidenta del GEN, Margarita Stolbizer, acusó, por su lado, al Gobierno de «no querer esclarecer los crímenes» productos del ataque terrorista, y denunció que «se sometió la causa a las necesidades, primero que nada, financieras y fiscales del Ejecutivo».

Por otro lado, el peronista disidente, Felipe Solá, señaló que la llamada «Comisión de la Verdad», que habilita el memorando es en realidad «una comisión pseudo-judicial que contará con un carácter supranacional por encima del Código Penal Argentino». En tal sentido, acusó al canciller argentino, Héctor Timerman, de ser «tibio y favorecer a un blanqueo de Irán».

Mientras, el jefe de Proyecto Sur, Fernando «Pino» Solanas, indicó que el «memorando es un error», y reclamó «la desclasificación total de los archivos de la SIDE que tienen que ver con la causa de la AMIA, y la creación de una comisión investigadora independiente».

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