En un acuerdo judicial sin precedentes, Israel deberá compensar económicamente a seis palestinos propietarios de unas parcelas donde se construyó un asentamiento judío en Cisjordania, por no poder cultivar sus tierras.

El acuerdo, firmado entre los propietarios de los terrenos sobre los que se levantó el asentamiento judío de Amona - considerado ilegal por las autoridades israelíes - y el Estado de Israel, sigue a una demanda ante el Tribunal de la Magistratura de Jerusalén.

Según un comunicado difundido por la organización israelí de derechos humanos Yesh Din (Hay Justicia, en hebreo), el documento consensuado estipula que «los demandantes tienen derechos a la tierra que es objeto de la demanda, que es un terreno privado registrado», y reconoce que las estructuras del asentamiento judío «fueron construidas sin recibir la autorización legal».

El informe apunta que hasta 2005, organismos gubernamentales israelíes transfirieron fondos para el desarrollo de infraestructuras en el lugar, y que la mayor parte de las construcciones levantadas en las parcelas en disputa no fueron evacuadas hasta la fecha.

«Como resultado de ello, a los demandantes se les negó el acceso a la tierra y la posibilidad de cultivarla», añade el escrito.

El acuerdo pionero estipula que Israel deberá pagar a seis de las decenas de propietarios palestinos afectados por las pérdidas económicas un total de 300.000 shékels (96.000 dólares).

En el caso de que al finalizar 2015 las estructuras del asentamiento judío sigan en pie y no fueran totalmente evacuadas, deberán percibir otros 48.000 shékels (15.300 dólares).

La ONG, cuyo equipo legal defendió el caso, afirma que los demandantes estudian emplear la reparación económica que obtengan para establecer un fondo que ayude en la defensa jurídica de aquellos palestinos cuyas tierras fueron tomadas por israelíes.

Los abogados del caso, Mijael Sfard y Shlomi Zajary, destacaron que «el Estado de Israel durante muchos años violó su obligación hacia los propietarios palestinos en toda Cisjordania, cuyas tierras son invadidas o robadas.

Sfard y Zajary subrayaron que «la compensación es sólo un elemento de justicia con los propietarios. Lo que se requiere ahora es la evacuación del enclave y seguiremos trabajando para que eso suceda».

En febrero de 2006 las fuerzas de seguridad israelíes evacuaron nueve viviendas en el asentamiento ilegal de Amona, decidida por el propio Gobierno y ratificada por el Tribunal Supremo.

El desalojo se convirtió en una batalla campal y dio lugar a una ola de disturbios en la zona, donde se atrincheraron entre 2.000 y 3.000 colonos ultranacionalistas.

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