Un acuerdo en el que el Vaticano reconoce oficialmente al Estado palestino y pugna por una solución pacífica al conflicto en la región, entró en vigor tras haber completado los procedimientos previstos para su implementación.
«Con referencia al acuerdo, firmado el 26 de junio de 2015, la Santa Sede y el Estado de Palestina notificaron recíprocamente el cumplimiento de los requisitos de procedimiento para su entrada en vigor», señaló el Vaticano en un comunicado.
«El acuerdo, constituido por un preámbulo y 32 artículos, aborda los aspectos esenciales de la vida y la actividad de la Iglesia en Palestina, al tiempo que reafirma el apoyo a una solución negociada y pacífica del conflicto en la región», añadió el boletín de prensa.
Según el Vaticano, el reconocimiento del Estados palestino constituye «un signo del reconocimiento del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, la libertad y la dignidad en su propio Estado independiente y libre de los grilletes de la ocupación».
El acuerdo «también apoya la visión de paz y justicia en la región, de conformidad con el derecho internacional, sobre la base de dos Estados que viven uno al lado del otro en paz y seguridad sobre la base de las fronteras de 1967», indicó el texto de la sede católica.
El convenio que entró en vigor este sábado fue suscrito el pasado 26 de junio pasado por monseñor Paul Gallagher, secretario vaticano de Relaciones con los Estados, y el canciller palestino Riad al-Malki.
Asimismo, este acuerdo da seguimiento al convenio básico que fue firmado por el Vaticano y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el 15 de febrero de 2000, aunque las relaciones oficiales entre ambas partes se establecieron ya el 26 de octubre de 1994.
Las negociaciones se reanudaron después de 2010 y tuvieron como consecuencia el pacto que ahora entra en vigencia, regula aspectos del funcionamiento de la Iglesia católica en Palestina, como el régimen fiscal de sus propiedades o la exención de servicios personales, como el militar, para su personal.
Además, afecta a los lugares santos y confirma que «el concepto de «santidad es fuente de obligaciones para la autoridad civil» en relación con la «autoridad y jurisdicción canónica» de la Iglesia católica.
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