El Contralor del Estado israelí, el juez retirado Mija Lindenstrauss, publicó un crítico informe contra el primer ministro, Binyamín Netanyahu, y el titular de Defensa, Ehud Barak, por sus decisiones en el abordaje a la flotilla turca que intentó romper el bloqueo a Gaza hace dos años.

El documento, de 150 páginas, acusa a ambos de haber tomado decisiones de forma individualista y no consultar con otros ministros, mandos militares y consejeros ni sobre los preparativos ni sobre las posibles consecuencias del abordaje, en el que murieron nueve pasajeros turcos y decenas resultaron heridos.

«Las decisiones se tomaron sin un trabajo de equipo ordenado, reflexivo, coordinado y documentado a pesar de que el Gobierno, altos mandos del Ejército y de inteligencia eran muy conscientes de que la flotilla turca no era como las que le precedieron», aseguró el contralor después de casi dos años de investigación.

La flotilla, que se dirigía a Gaza para tratar de romper el bloqueo israelí, fue abordada por comandos israelíes el 31 mayo de 2010 en una operación militar que acabó en un enfrentamiento violento.

El convoy internacional estaba formado por nueve barcos de distintos tamaños, entre ellos el turco Mavi Marmara, en el que ocurrieron los hechos, que abrieron una grave crisis entre Israel y Turquía y desataron una ola de críticas internacionales contra Israel.

Según Lindenstrauss, Netanyahu debería haber ordenado un trabajo integral de todos los organismos institucionales para afrontar la crisis en vez de mantener reuniones privadas y por separado con el titular de Defensa, Ehud Barak, y el de Exteriores, Avigdor Liberman, de las que no se guardaron protocolos.

Sobre una reunión previa al asalto del conocido como «septeto» (un foro informal de los siete ministros más importantes del Gobierno) afirmó que fue «de hoy para hoy y convocada sin preparación alguna y sin que ante ellos hablaran expertos de los organismos relevantes, mandos militares, de los servicios secretos y diplomáticos». La reunión se produjo a petición de varios ministros debido a que Netanyahu viajaba a Estados Unidos, donde se encontraba cuando ordenó el asalto.

El contralor, que hizo público el informe, subrayó que hubo serios y sustanciales fallos en la toma de decisiones, entre ellos el de verificar si el Ejército estaba preparado para una operación de ese tipo.

En ese sentido, destaca el individualismo de Barak, que desoyó las recomendaciones del entonces jefe del Estado Mayor, Gabi Ashkenazi, quien advirtió en una reunión de que «no tenía dudas de que habría que usar la fuerza para controlar el barco» y calificó de «ilusos» a aquellos que creían lo contrario.

«Creo que es de ilusos pensar que si de buenas a primeras 20 miembros de un comando descienden sobre un barco con 400 personas los vayan a recibir con aplausos», advirtió Ashkenazi.

Netanyahu también fue acusado de no agotar las posibilidades para lograr una salida diplomática a la crisis antes de que la flotilla zarpara de Turquía y de no haber dejado constancia escrita de las negociaciones que tuvo con un mediador egipcio para convencer a Ánkara de que no la autorizara.

El reporte de Lindenstrauss, que abrió expediente sobre el caso a pesar de la oposición del Gobierno, es el tercer informe interno israelí sobre la flotilla, aunque no se espera que tenga ramificaciones judiciales ni políticas como sí tuvieron otros de su oficina en el pasado.

En un comunicado, el primer ministro afirmó que en los últimos tres años «los israelíes disfrutan de una seguridad que no veían desde hacía años. Esta seguridad es el resultado directo de una gestión responsable y una política definida».

Netanyahu añadió que «los debates sobre asuntos de seguridad estos tres últimos años no tienen precedente en alcance ni profundidad y de ello son testigos quienes participaron en ellos».

Asimismo, recordó las conclusiones de un panel de la ONU que «sentenció con claridad que el bloqueo marítimo para impedir que armas lleguen a los terroristas de Gaza es un acto legítimo en defensa propia y que la decisión de Israel de interceptar a la flotilla era legal según el derecho internacional».

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