La comisión independiente que investiga la violación de los derechos humanos en Siria instó a la ONU a actuar frente a las graves violaciones cometidas por el Gobierno y las fuerzas armadas de oposición.

En su último informe, la comisión que preside el brasileño Sergio Paulo Pinheiro recomendó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que transmita sus conclusiones al secretario general, Ban Ki Moon, para su toma en consideración por el Consejo de Seguridad.


Llevar las conclusiones de este informe al Consejo de Seguridad de la ONU «permitiría actuar de manera apropiada, a la vista de la gravedad de las violaciones, abusos y crímenes perpetrados por fuerzas del Gobierno y la Shabiha, y por los grupos antigubernamentales», indicó la comisión.

El objetivo es llevar ante la Justicia a quienes cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad desde que comenzó el conflicto en marzo de 2011.

Para ello, elaboró una lista confidencial con nombres de individuos y unidades militares «a los que se considera responsables de crímenes contra la humanidad, violaciones del derecho humano internacional y graves violaciones de los derechos humanos".

La lista será entregada a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, al término del mandato actual de la comisión en septiembre, mes en el que este grupo de expertos independientes presentará su trabajo al Consejo de Derechos Humanos.

«Ya sean miembros de las fuerzas del Gobierno y de los grupos antigubernamentales quienes cometieron de manera intencionada los crímenes identificados en este informe, son responsables. También lo son quienes ordenaron, planificaron, instigaron, incitaron, ayudaron o permitieron la comisión de estos crímenes», afirma el informe.

«Las fuerzas gubernamentales y los miembros de la Shabiha cometieron crímenes contra la humanidad - asesinatos y torturas -, crímenes de guerra y graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional, incluidos asesinatos fuera de la ley, ataques indiscriminados contra civiles y actos de violencia sexual», dice el documento.

Estas violaciones, según esta pesquisa, se cometieron en el marco de una política de Estado «con implicación de los más altos niveles de las fuerzas armadas y de seguridad, y del Gobierno de Damasco».

También las fuerzas armadas de oposición son acusadas de «crímenes de guerra, incluidos asesinato, ejecuciones extrajudiciales y tortura», aunque la comisión indicó que «estas violaciones y abusos no tuvieron la misma gravedad, frecuencia y escala que los cometidos por el Gobierno de Siria y la Shabiha».

La comisión aseguró haber recibido «pruebas consistentes de que miembros de alto y medio nivel de las fuerzas del Gobierno estuvieron implicados directamente en actos ilegales».

Se citan en este sentido testimonios de desertores que aseguraron que los mandos ordenaban a sus hombres disparar contra civiles, y maltratar y torturar a los detenidos.

La comisión acusa «al liderazgo de los grupos armados antigubernamentales» de estar también «implicado en crímenes de guerra y abusos de los derechos humanos, incluida la violencia sexual y la violencia contra menores».

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