El jefe de las Fuerzas Armadas de Egipto, Abdel Fatah Al Sisi, llamó al pueblo a manifestarse este viernes en apoyo de los intentos de las fuerzas del orden de poner fin a la violencia y el terrorismo en el país.

El llamamiento irritó a los Hermanos Musulmanes, firmes detractores del golpe de Estado contra Mohamed Mursi, que acusaron a Al Sisi de alentar con sus declaraciones a una guerra civil.

Con el fin de rebajar la tensión, el portavoz militar, Ahmed Ali, negó que las declaraciones de Al Sisi, quien también se desempeña como ministro de Defensa en el gobierno interino, sean una invitación a la violencia contra sectores determinados.

Al Sisi afirmó que «todos los egipcios honorables deben salir a la calle. ¿Por qué salir? Para darme una autorización y una orden para enfrentar la probable violencia y terrorismo», dijo durante una ceremonia de graduación de cadetes en Alejandría.

En respuesta, los Hermanos Musulmanes aseguraron que sus manifestaciones son pacíficas y que quienes ejercen la violencia y el terrorismo son los promotores del golpe de Estado.

Los Hermanos Musulmanes calificaron a Al Sisi de «traidor» y le responsabilizaron de «cada gota de sangre egipcia que se derrama» y de profundizar la división nacional.

El dirigente de la organización, Esam al-Arian, señaló que «las palabras de Al Sisi no impedirán que millones de seguidores de Mursi continúen sus protestas».

Sin embargo, la fiscalía egipcia dictó órdenes de detención contra nueve dirigentes de los Hermanos Musulmanes, incluido contra su líder, Mohamed Badie, por supuesta incitación a la violencia, según informaron medios locales.

Badie ya fue arrestado anteriormente para responder por su presunta responsabilidad en la violencia reinante, aunque en esa ocasión las autoridades le dejaron en libertad.

Por su parte, el segundo mayor partido islamista de Egipto, el salafista Al Nour, se sumó a los Hermanos Musulmanes y rechazó el llamado de Al Sisi.

Al Nour afirmó en un comunicado que las fuerzas de seguridad «no necesitan una orden para cumplir su deber siempre y cuando esté dentro de los límites de la ley».

En ese sentido, la formación salafista indicó que corresponde al Estado atajar las «violaciones de la ley», pero advirtió de que, «si es el propio Gobierno quien la incumple, está en riesgo la propia existencia del Estado».

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