Una comisión de ONU confirmó que el régimen del presidente sirio, Bashar al-Assad, y sus partidarios perpetraron por lo menos ocho masacres, mientras que las fuerzas rebeldes efectuaron una, en el transcurso del último año y medio. La labor de la comisión resaltó el empeoramiento de la violencia contra los civiles, incluyendo ejecuciones y bombardeo de hospitales mientras el Gobierno de Assad lucha por recuperar territorios en poder de los insurgentes, incluyendo extranjeros islamistas, que también cometieron crímenes de guerra.
«Los ejecutores de estas violaciones y crímenes actúan en desafío al Derecho Internacional. No temen las consecuencias. Es imperativo entregarlos a la justicia», subrayó el informe.
El equipo de investigadores de la ONU publicó en el reporte que «recogió también acusaciones sobre el uso de armas químicas predominantemente por parte de las fuerzas del Gobierno», pero advirtió que, «con las pruebas actualmente disponibles no es posible llegar a una conclusión definifiva sobre el uso de gases tóxicos, sus sistemas de lanzamiento o sobre los perpetradores. Hay otra investigación en marcha específica sobre ese asunto», añadió.
El informe de la comisión abarca desde 2011 hasta mediados de julio, antes del ataque con armas químicas del 21 de agosto en el que murieron cientos de civiles.
El equipo, formado por 20 investigadores, efectuó 258 entrevistas con refugiados, desertores, otros testigos en la región y en su sede de Ginebra, algunas de ellas a través de Skype, para efectuar si decimoprimer informe en dos años. Hasta el momento no obtuvo permiso para entrar en Siria pese a sus reiterados requerimientos.
Tras calificar a Siria como un campo de batalla en el que las fuerzas armadas salen impunes de los asesinatos a gran escala, el comité indicó que en cada uno de los incidentes desde abril de 2012 «los asesinatos intencionales masivos y la identidad de los ejecutores fueron confirmados conforme a las normas de pruebas de la comisión».
Una lista confidencial de presuntos criminales de guerra está siendo elaborada por la comisión y mantenida en secreto por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Navi Pillay.
El informe llamó a una solución política a la guerra civil de Siria e instó a otros Estados a «interrumpir la transferencia de armas a la vista del claro riesgo de que sean utilizadas para aumentar las graves violaciones contra el Derecho Internacional».
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